En el más reciente informe de la OEA (Organización de los Estados Americanos) se destacó que la violencia en Colombia continúa a pesar de los acuerdos de paz firmados durante el gobierno presidido por Juan Manuel Santos. De acuerdo con lo declarado, no existe una paz completa, por lo que se invitó a hacer tratos de cese al fuego con la guerrilla del ELN. Lo que destaca la Misión de la OEA en Apoyo al Proceso de Paz en Colombia (MAPP/OEA) es que hay “graves impactos” sobre la población civil en varias zonas del país, entre ellas las que se encuentran en las fronteras con Venezuela y Ecuador.
Dentro de las agresiones sobre la comunidad que destaca el homicidio masivo en contra de activista y líderes sociales, desplazamientos forzados, confinamientos, extorsiones, contaminación de espacios con minas antipersonales y reclutamiento de menores. Este tipo de delitos, usualmente, son más comunes dentro de poblaciones indígenas y migrantes, siendo estas las más afectadas. Además del ELN como principal victimario, se destaca que todavía existen acciones violentas por parte de otro tipo de grupos armados al margen de la ley, por ejemplo, disidencias de las FARC o el Clan del Golfo, aún y cuando su máximo jefe Dairo Antonio Úsuga alias ‘Otoniel’ fue extraditado a Estados Unidos el pasado mes de mayo.
El reporte señala que más allá de querer expandir sus ganancias económicas, lo que buscan es “sostener una plataforma político-ideológica con la que buscan legitimar su existencia y accionar”. Durante el segundo semestre del 2021, dice la Misión, hubo preocupación por lo que denominó como una justicia de facto, aquella ejercida por aquellos señalados criminales. Para los expertos, esto ‘entorpeció' la labor de la justicia formal.
“Es necesario que la guerrilla del ELN dé señales claras y concretas de sus intenciones de paz”, enfatiza el informe, pidiendo la liberación de todos los secuestrados, y el cese de los raptos, las afectaciones a la población civil y los atentados contra la infraestructura que producen “enormes” impactos ambientales. “El pueblo colombiano se merece una paz completa”, dijo Roberto Menéndez, jefe de la MAPP/OEA, al presentar el informe ante el Consejo Permanente de la OEA.
Esta semana, de hecho, fue la guerrilla del ELN la que se atribuyó el secuestro de dos militares retenidos en el municipio de Arauquita, Arauca. Las víctimas del secuestro fueron identificadas por el Ejército como el sargento viceprimero Jovan David Rudas Sabogal y el Cabo Primero José Ángel Yate Yate. Los dos desaparecieron el pasado 6 de junio en Arauquita. El acto violento en contra de los dos uniformados, comentó la guerrilla, fue hecho por el Frente de Guerra Oriental, comandando por el guerrillero Manuel Vásquez Castaño.
Tras el secuestro, la guerrilla destacó que fueron incautadas a los hombres “dos pistolas de calibre 9 milímetros, con sus respectivos proveedores e información de alto valor”. Ambos, destacó la guerrilla, se encuentran vivos. Los soldados, dijo el ELN en un comunicado, serán tratados bajo las normas del Derecho Internacional Humanitario, DIH. A pesar de la claridad que entregaron sobre el estado de salud de los uniformados, comentaron que en caso de ver un accionar ofensivo por parte de las fuerzas armadas colombianas podrían cambiar aquellos términos. Una acción de la autoridad nacional pondría en riesgo la vida de los dos hombres, quienes, para el momento de su rapto adelantaban obras de inteligencia y contraguerrilla en Arauca.
En la noche del pasado domingo se informó que un comando armado había asesinado a Adelmo Cifuentes Aguirre, alias Bateman, jefe de finanzas del frente de Guerra Oriental, hombre de confianza de ‘Pablito’, uno de los integrantes del Comando Central del Eln (COCE). “Dicen que lo mataron ayer. Que un grupo de hombres vestidos de negro ingresó a su finca, se lo llevaron y lo mataron cerca a la Parroquia Santo Domingo, eso es como un municipio de Fernández Feo, en el estado de Zulia”, manifestó al diario El Tiemp un habitante de Arauca.
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