La Corte Constitucional de Colombia tomó la decisión de mantener la calidad de imputado al expresidente de la República, Álvaro Uribe Vélez, por los delitos de fraude procesal y soborno en medio de un proceso penal. El pasado mes de noviembre de 2021, la Corte había recibido una tutela por parte del exmandatario para que se le retirara su condición de imputado, en ese entonces la institución decidió rechazar la tutela y 7 meses después volvió a ratificar su decisión al negarle a Uribe una nueva solicitud de nulidad de el fallo.
La razón por la cual la defensa de Álvaro Uribe, decidió interponer la solicitud de nulidad, fue porque, según el exdirigente, los magistrados que llevaban y analizaban su caso fueron presionados por otros expresidentes para que la Corte fallara en contra del acusado, argumentando que debido a esto los magistrados no disfrutaban de imparcialidad ni independencia en el proceso.
Según lo había planteado, Jaime Granados, abogado de Uribe, los expresidentes que habrían llamado a presionar a los magistrados fueron Juan Manuel Santos y César Gaviria. Aun así, luego de la investigación pertinente, la Corte Constitucional nunca obtuvo pruebas contundentes de estas conversaciones y por lo tanto se mantuvo firme en su posición, argumentando que la solicitud de nulidad estuvo basada en “rumores y especulaciones”.
Según la información dada a conocer por la Corte, ninguno de sus miembros fue presionando para poder llegar a tomar alguna decisión:
“Destaca este tribunal que ninguno de sus miembros, en momento alguno, resultó condicionado, coaccionado o incidido al momento de adoptar sus decisiones, por ningún factor distinto de la aplicación del ordenamiento jurídico y del análisis objetivo e imparcial de los hechos”.
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Aparte, también hicieron hincapié en que la defensa del líder del partido político Centro Democrático, no presentó recursos fundamentales para poder invertir la calidad de imputado de Uribe y por lo tanto deberá seguir el avance del proceso cargando, temporalmente, los delitos nombrados anteriormente:
“Se concluye que el solicitante no logró imputar vicio alguno que incida de manera directa en el debido proceso o en la decisión adoptada, y por el contrario, se limita en su escrito a señalar sus interpretaciones subjetivas de la información divulgada por los medios de comunicación”.
Cabe recordar que la imputación de cargos en contra de Álvaro Uribe Vélez fue aplicada inicialmente por el Juzgado Cuarto Penal del Circuito de Bogotá el pasado 6 de noviembre de 2020. La decisión se dio luego de que el expresidente rindiera indagatoria ante la Corte Suprema de Justicia donde se le vincularía formalmente en el proceso.
A día de hoy, el caso donde Uribe está siendo investigado por compra de testigos sigue su curso legal. El exjefe de estado está siendo investigado por haber sobornado a varios exparamilitares con el objetivo de que no lo relacionaran con las ejecuciones extrajudiciales, mejor conocidas como “falsos positivos”, que se dieron durante su Gobierno (2002-2010) y que fueron denunciadas por el senador Iván Cepeda. La más reciente acción en este caso fue realizada el pasado 28 de abril, donde la jueza Carmen Helena Ortiz, rechazó la solicitud de preclusión del caso indicando que este debe seguir su curso judicial.
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