Consejo de Estado negó suspender provisionalmente a la alcaldesa encargada de Medellín, Andree Uribe

En una tutela presentada por un ciudadano, se pretendía aplicar dicha medida provisional. No obstante, el recurso será estudiado por el Tribunal

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Un ciudadano interpuso una acción
Un ciudadano interpuso una acción de tutela en contra de su nombramiento por supuestamente afectar sus derechos fundamentales al debido proceso y a la participación ciudadana del demandante.

Si bien el Consejo de Estado aceptó estudiar una tutela en la que el ciudadano Andrés Felipe Rodríguez denunció la designación de Andree Uribe como alcaldesa encargada de Medellín, desestimó la medida solicitada de suspenderla provisionalmente mientras se estudia el caso.

Rodríguez argumentó en su recurso de tutela que la designación de la funcionaria, anteriormente Secretaria de Salud, por parte del Presidente de la República, Iván Duque, y su ministro del Interior, Daniel Palacios, afecta sus derechos fundamentales al debido proceso y a la participación ciudadana del demandante.

Solicitó, además, que mientras el recurso se estudia y se resuelve a fondo que “se suspendieran los efectos del decreto 937 de 2022 [mediante el cual se nombró a Uribe en el encargo], ya que la demora en el tiempo causaría un perjuicio irremediable a los derechos fundamentales”.

No obstante, la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado negó esta última solicitud de medida provisional, argumentando que “el Despacho considera que (...) las circunstancias fácticas y jurídicas expuestas no generan la convicción inicial de que, mientras se resuelve de fondo la acción de tutela, pueda generarse una afectación de sus derechos fundamentales”, como se puede leer en la providencia judicial.

Además agregó: “De hecho, tampoco existe un principio de certeza acerca de la vulneración de los derechos cuya protección reclama la parte actora”. Eso quiere decir que los argumentos presentados por Rodríguez, si bien serán estudiados, no son suficientes para aplicar la medida provisional, según ha explicado la Sala.

Es preciso recordar que Uribe fue nombrada como alcaldesa encargada tras un estudio de la terna presentada por el Movimiento Independientes para reemplazar al alcalde Daniel Quintero, acusado de presunta participación en política, y luego de que se cayera el nombramiento de Juan Camilo Restrepo como alcalde encargado por orden del Tribunal de Antioquia.

Restrepo fue removido de su cargo por una medida de nulidad electoral el pasado 27 de mayo al ser designado por Iván Duque, sin tener en cuenta que no pertenecía al mismo movimiento político de Daniel Quintero.

De igual forma, durante la tarde de este miércoles, se conoció que la senadora Paola Holguín y el representante a la Cámara Juan Espinal, ambos del partido Centro Democrático, presentaron una solicitud de recusación en contra de la alcaldesa encargada.

Dicho recurso fue interpuesto ante la Procuraduría Regional de Antioquia con el objetivo de separar a Uribe de su cargo, por lo menos en lo que respecta a la coordinación y proceso electoral durante la segunda vuelta presidencial que se llevará a cabo el próximo 19 de junio. Esto por la acusación en participación política del alcalde Quintero y también por las renuncias de los funcionarios del alcalde para sumarse a la campaña de Gustavo Petro.

Asimismo, pidieron escalar el expediente a la Presidencia de la República para que allí se estudie la posibilidad de designar un alcalde ad hoc para el próximo domingo.

Procuraduría abre indagación contra exsecretario de despacho de Daniel Quintero

La Procuraduría abrió investigación preliminar contra Juan Pablo Ramírez, exsecretario de despacho de Daniel Quintero, por presuntamente haber destinado recursos del presupuesto municipal a eventos de la campaña de Gustavo Petro.

Este proceso disciplinario es llevado a cabo por la Procuraduría Provincial de Instrucción del Valle de Aburrá luego de haber recibido varias quejas de ciudadanos al respecto.

Una de las presuntas irregularidades que se busca verificar es si Ramírez firmó contratos para apoyar eventos de Petro a través de la empresa Cyan Eventos y Logística y con la corporación Asercomunitaria, entidades de las que la Procuraduría también exige información.

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