8.111 adultos mayores han sido maltratados y violentados en lo que va de 2022: MinSalud

La violencia y el maltrato contra las personas mayores es un tema de interés en salud pública, ya que estas violencias afectan la integridad física, mental y psicosocial que, en algunos casos, derivan en discapacidad y disminución de la calidad de vida de este grupo poblacional. La denuncia de este flagelo se acerca al 20 %, lo cual genera invisibilidad medida por el subregistro.

Alejandro Cepeda, jefe de la Oficina de Promoción Social del Ministerio de Salud y Protección Social hizo un llamado al trato digno, al cuidado y la garantía de los derechos a las personas mayores, en el marco del Día Mundial de la Toma de Conciencia Contra el Abuso y Maltrato en la Vejez, fecha instituida por la ONU para recordar que los derechos humanos no se extinguen con la edad.

Las estadísticas de lesiones no fatales del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses reportaron en 2021 un incremento del 28 % de los casos, comparativamente con la vigencia 2020, al pasar de 6.355 registros a 8.111 entre esta población. En relación con los demás ciclos vitales, las personas mayores fueron las más afectadas por este tipo de violencias.

Cepeda agregó que, según análisis, hubo un efecto colateral por el confinamiento derivado de la pandemia de covid-19, pues el agresor suele ser en la mayoría de los casos un miembro del círculo familiar o social más cercano, lo que facilita las condiciones de abuso, ocultamiento y prolongación de la victimización que, además, es particularmente elevada entre las mujeres”.

En el desagregado por lesiones no fatales, el 75 % de los registros se concentran en violencia interpersonal y violencia intrafamiliar, con 3.612 y 2.460 casos respectivamente, con variaciones entre el 23 % y el 22 % frente a 2020. De estos datos se deriva también una preocupación adicional relacionada con el presunto delito sexual que, en el período de análisis 2020-2021, creció un 9,1 %.

Por modalidades

De acuerdo con la última Encuesta Nacional de Salud Bienestar y Envejecimiento (SABE Colombia-2015), el 13 % de las personas mayores manifestó haber sido víctima de maltrato. Por modalidades, el psicológico se ubicó en la primera línea (12,3 %), seguido del físico (3,4 %), el financiero (1,5 %) y el sexual (0,3 %); con el atenuante de que los indicadores se incrementan en el área rural, a excepción del maltrato psicológico que prevalece en el área urbana.

Asimismo, se evidenció una correlación positiva en el maltrato psicológico entre los estratos socioeconómicos menos favorecidos; en el estrato 1 se registró la mayor proporción de maltrato físico y sexual, y entre los estratos 5 y 6 prevaleció el financiero.

La magnitud de este fenómeno es latente y su dimensión no fue ajena a la Política Pública Nacional De Envejecimiento y Vejez 2022-2031. En ella se desarrolló un eje especial para abordar la violencia, pero también el abandono y la discriminación.

El funcionario explicó que éstas son formas de abuso estructural, que no solo están asentadas en los imaginarios colectivos que acuden al edadismo para excluir con prejuicios y estereotipos y separar del seno de la familia a los más vulnerables; sino que, además, comprende la falta de respuesta institucional en muchos frentes, marginando a las personas mayores del acceso a los bienes públicos y a los beneficios del desarrollo económico. Por ende, la intervención se debe producir desde múltiples frentes, cifrados en la intersectorialidad, para lograr la meta de erradicar la violencia y discriminación contra las personas mayores.

Valoración geriátrica

Desde el sector salud se debe adecuar la valoración geriátrica integral para identificar desde allí los signos de sospecha de maltrato, brindar atención psicosocial oportuna y mitigar los efectos nocivos en materia de salud mental y físico; proceso que debe estar acompasado desde otras instancias para aplicar los marcos regulatorios, en especial la Ley 1850 de 2017, mediante la cual se penalizó el maltrato intrafamiliar por abandono y, por otra parte, fortalecer las rutas intersectoriales para la denuncia, apoyo de redes psicosociales, protección y restablecimiento de los derechos de los mayores.

“Es un desafío que llama a la corresponsabilidad de las familias, las autoridades nacionales y territoriales, los prestadores de servicios de salud, el sector educativo, de justicia, la academia, las entidades públicas y privadas, los entes de control así como de las instituciones de protección y promoción social que proponen servicios sociales a personas mayores, y en ese sentido se enfoca la Política Pública de Envejecimiento y Vejez, pero se requiere el compromiso interinstitucional”, puntualizó Cepeda.

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