“El gobierno actual actuó de manera deliberada para hacer trizas el Acuerdo de Paz”, informe de organizaciones sociales

Un total de 275 organizaciones sociales, más de 800 ciudadanos y tres plataformas de defensa de los derechos humanos emitieron este 14 de junio el informe ‘Hambre y guerra: el legado del aprendiz, balance del último año del gobierno de Iván Duque Márquez’, donde emiten una señal de alerta por lo que ellos consideran “actuación deliberada” del Estado a la hora de implementar el Acuerdo de Paz firmado en 2016 con la extinta guerrilla de las Farc.

De acuerdo con los autores del documento, el gobierno que culminará mandato el próximo 7 de agosto generó un recrudecimiento de la guerra, al igual que otros actores armados ilegales, destruyendo a su vez los avances en materia de implementación del Acuerdo que había cuando finalizó el gobierno anterior.

Como evidencia, los exponentes detallaron que varias posturas en contra de la paz fueron evidentes; la primera tuvo que ver con la renuncia “a los diálogos de paz con el Eln, dejando de lado la lucha contra el paramilitarismo, y generando condiciones para el aumento de la impunidad” y permitiendo con esto la presencia de más actores ilegales en todo el país, sobre todo en zonas que controlaban las antiguas Farc.

En ese sentido, critican las declaraciones del presidente Duque cuando dijo en noviembre de 2021 que “el Clan del Golfo como estructura llegó a su final” luego que la Fiscalía presentara 90 capturas a esta estructura ilegal en una semana. Sobre esto, el documento expresa que los hechos posteriores lo han desmentido.

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Incluso, cuestionaron que “Su gobierno no desmanteló el Clan del Golfo, y al contrario este fortaleció su presencia al pasar de 170 municipios al momento del acuerdo de paz, a 212 bajo su control en 2021″, como lo citó El Espectador este martes. De hecho, cuestionan lo que ellos califican como actos de “pasividad” los de la fuerza pública durante el paro armado decretado por las Autodefensas Gaitanistas de Colombia -o el Clan del Golfo- a principios de mayo.

Otra evidencia de los fallos del actual gobierno para frenar la violencia en los territorios fueron los anuncios hechos a la comunidad internacional sobre la no existencia de este grupo en Colombia a finales de mayo. En contraste, una semana antes de dicha mención, la Defensoría del Pueblo advirtió sobre un repunte en la presencia del Clan del Golfo en 253 municipios del país.

Según los exponentes del informe, ese fue “un periodo aprovechado para impulsar la expansión de estructuras armadas paramilitares y de otros grupos ilegales, que pudieron actuar con mayor libertad” en regiones de antiguo control de las extintas Farc o en zonas donde el conflicto armado no había permeado.

Un apartado del documento se centra en un retroceso adrede de la implementación de los acuerdos que ha incluido la omisión del presidente Duque del nombre de los Acuerdos de Paz entre el gobierno colombiano y las ex Farc y en cambio, ha utilizado durante todo su mandato el término ‘Paz con legalidad’.

Sumado a eso, insisten en que durante estos cuatro años se permitió una “reactivación del control armado de actores ilegales”, al punto de “constituir el año 2021 como el más violento del último lustro, al pasar de 12.298 homicidios en 2017 a 14.159 en 2021″.

También manifiestan que durante el mandato de Duque ha habido un recrudecimiento de la violencia con los líderes y lideresas sociales: desde la firma del acuerdo, 1.309 defensores de derechos humanos han sido asesinados, de los cuales 859 ocurrieron en los últimos cuatro años. En ese sentido, hacen un llamado por el incumplimiento en la adecuada implementación del Programa de Sustitución de Cultivos Ilícitos y la “férrea oposición” a la ratificación del Acuerdo de Escazú.

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