Defensoría del Pueblo mantiene alerta por posibles acciones de grupos armados durante la segunda vuelta presidencial

Este 15 de junio la Defensoría del Pueblo emitió una alerta sobre el riesgo que tiene la jornada electoral del próximo domingo por la presencia de grupos armados ilegales en varias zonas del país. Dicha advertencia ya había sido emitida incluso desde las elecciones legislativas de marzo tras intimidaciones tanto del Eln como del Clan del Golfo.

Ahora, la entidad señaló que a pocos días de llevarse a cabo la segunda vuelta presidencial, hay un riesgo para el buen ejercicio de aquellas elecciones por la presencia de actores armados. Así lo indicó en el último informe de seguimiento que realizó el Sistema de Alertas Tempranas -SAT- a la alerta 004 de 2022 y donde indica que 290 municipios tienen vulnerabilidad alta y extrema de ataques terroristas.

Dicho informe también precisó que en 84 municipios de 14 departamentos puede haber hechos violentos “con afectaciones graves a la vida, integridad y seguridad de las personas en las elecciones del 19 de junio”. Las zonas que presentan riesgo extremo de inseguridad son Cauca, Nariño, Chocó, Norte de Santander, Bolívar, Huila, Meta, Magdalena y Antioquia; en tanto que 206 municipios de 28 departamentos -incluyendo Bogotá- se encuentran en un nivel alto de peligro.

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El documento también envió varias recomendaciones a las autoridades y entidades encargadas de activar los mecanismos de investigación por las denuncias existentes y relacionadas con la comisión de posibles delitos electorales, así como también solicita indagar sobre las amenazas hechas a los candidatos y sus campañas.

Sobre el peligro existente en estas zonas del país, el defensor Carlos Camargo indicó que como jefe de esta entidad ha solicitado “que se implementen acciones extraordinarias para la protección de las poblaciones”; asimismo, pidió que se garanticen las condiciones óptimas de seguridad para una masiva participación ciudadana en los comicios donde se escogerá al próximo presidente de la República.

Finalmente, el informe de seguimiento solicitó que se garantice el derecho al voto en las zonas rurales, pues son estas las que presentan mayor vulnerabilidad de hechos violentos. Sobre esto, Camargo reiteró que la Defensoría del Pueblo ha realizado un despliegue reflejado en sus 42 seccionales para el cumplimiento de los derechos de los ciudadanos y las comunidades.

En días pasados, la Defensoría había emitido otra alerta al Congreso por el riesgo que hay en Putumayo. A través de un informe, señalaron que los habitantes de Puerto Leguízamo se encuentran en peligro debido al “alto nivel de estigmatización y amenazas a autoridades étnicas, líderes, lideresas, defensores de derechos humanos, colectivos y organizaciones, quienes, a juicio de los actores armados ilegales con operación en la zona, se consideren informantes, simpatizantes o adeptos al bando enemigo, o a la Fuerza Pública”.

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Además, advirtió que en esa zona hay alta presencia de grupos residuales de las extintas Farc y otras estructuras ilegales y que se mantiene el reclutamiento de menores, práctica que, puntualmente, realiza el grupo ‘Comandos de frontera’, que les ofrecen pagos a jóvenes a cambio de integrar sus filas.

El reporte también enfatiza en las acciones de control que tienen estos grupos en la vereda Alto Remanso, donde en abril pasado se llevó a cabo un cuestionado operativo militar que dejó como resultado la muerte de 11 personas, incluyendo cuatro civiles.

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