Claudia López anunció que apelará suspensión del POT de Bogotá: “Defenderemos a las mayorías bogotanas de las ambiciones politiqueras”

El enrevesado trámite de discusión del Plan de Ordenamiento Territorial presentado por la administración de Claudia López en el Concejo de la capital llevó a que el Juzgado Quinto Administrativo Oral del Circuito de Bogotá suspendiera su implementación. Desde la Alcaldía sostienen que no hay irregularidades y la mandataria atribuyó la disputa a intereses políticos y corruptos.

El Juzgado había admitido la tutela presentada por Miguel Uribe, exsecretario de Gobierno de la ciudad en la administración de Enrique Peñalosa y electo senador del Centro Democrático. En ella, se solicitó una medida cautelar para suspender los efectos del POT, que fue concedida este 14 de junio después de consultar a las entidades a cargo.

López aclaró que “la medida cautelar se refiere al trámite de las recusaciones y apelaciones durante el trámite del POT en el Concejo, y no al contenido del POT Bogotá Reverdece 2022 – 2035″. Es decir, que se trata de problemas en el procedimiento de expedición, más no por las disposiciones que plantea el plan.

Esto sucede porque los concejos tienen 90 días de sesiones ordinarias para discutir ese tipo de proyectos. Si se cumple ese tiempo sin que se tome una decisión de aprobar, rechazar o archivar, el mandatario local tiene la posibilidad de expedirlo por decreto, como hizo la alcaldesa a finales del 2021.

De acuerdo con la Alcaldía de Bogotá, el POT tuvo tres ponencias durante su trámite en el Concejo y un pliego de modificaciones que fue “avalado casi en su totalidad por la administración”, pero ninguna de ellas logró ser votada porque se presentaron un gran número de recusaciones y tutelas que impidieron la discusión del articulado, que de acuerdo con López y varios concejales tuvieron el objetivo de sabotear el proceso. Se terminó el periodo del cabildo y no se logró votar.

“Según lo señalado por el juzgado, no se debía tener en cuenta el tiempo del trámite de las recusaciones como parte de los 90 días de plazo que tiene el Concejo para pronunciarse. Esta tesis conllevaría a que resultara inútil el término perentorio que la ley dio para que se expidiera una norma de vital importancia para la ciudad”, señaló la alcaldesa y dijo que el cabildo tramita las recusaciones de manera distinta a como lo dice el fallo.

Debido a esa situación, la primera acción del Concejo al iniciar las sesiones en este 2022 fue modificar su reglamento interno para darle un trámite más rápido a las recusaciones, imponer requisitos para su presentación y permitir que se voten inmediatamente para agilizar la discusión de lo que resultó el acuerdo acuerdo 837 del 29 de marzo.

Al respecto, la Alcaldía difiere de la interpretación del trámite de recusaciones, por lo que apelarán la decisión ante el Tribunal Superior de Cundinamarca, donde buscarán demostrar que el proyecto cumplió con los trámites legales para su expedición por decreto.

”Asumir que el trámite de una recusación o de un impedimento suspende los términos perentorios establecidos en la Ley para el trámite de normas de especial categoría como el POT ante los Concejos Municipales o de leyes tales como el Plan Nacional de Desarrollo, el Presupuesto General de la Nación o del Plan de Inversiones ante el Congreso de la República, implicaría poner en vilo la entrada en vigencia de tales normas de trascendental importancia para la ciudadanía, afectando gravemente el funcionamiento de las ciudades y el país”, señalaron.

Finalmente, López sostuvo que “esta no es solamente una discusión jurídica, es sobre todo política”, debido a que Uribe Turbay perdió la elección a la alcaldía frente a la actual mandataria en el 2019. “Defenderemos a las mayorías bogotanas de las ambiciones politiqueras y corruptas de quienes ya han sido reiterada y merecidamente derrotados en las urnas”, sostuvo.

La mandataria alegó que “quienes ven afectada su política del lucro y corrupción a costillas de los bolsillos y calidad de vida de los bogotanos fueron los mismos que sabotearon en el Concejo el trámite del POT y hoy pretenden a toda costa evitar que se aplique el POT Bogotá Reverdece 2022 – 2035 porque el mismo ponía fin al volteo de tierras, a la denegación de vivienda digna a los familias más humildes, a la depredación de la estructura ecológica de la ciudad, y a la perpetuación de la inequidad y la pobreza en calidad de vida por falta de servicios e infraestructura”.

De acuerdo con el presidente del Concejo, Samir Abisambra, en la decisión del Juzgado Quinto se establece que las recusaciones deben cumplir unos requisitos mínimos, porque algunas se presentaron para entorpecer el trámite, y aquellas que no lo cumplieron no deberían ser tenidas en cuenta para los tiempos de discusión del proyecto en el cabildo distrital.

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