En un documento público del Departamento de Estado de los Estados Unidos, en el que se le pide a contratistas presentar propuestas para adelantar un programa de fumigación de cultivos ilícitos en Colombia, se ha planteado iniciar un proceso con el objetivo de adquirir drones para este fin.
Este programa estaría bajo la supervisión de la Policía Nacional colombiana y se buscaría reducir los niveles, que se mantienen en “niveles récord”, según se explica en el documento.
“El Departamento de Estado (Buró para el Control Internacional de los Narcóticos, Bogotá) tiene un requisito de comprar un sistema de Vehículo Aéreo no Tripulado (UAV, por su sigla en inglés) para apoyar las operaciones de erradicación a lo largo de Colombia”, se puede leer en el documento.
Además, el Departamento de Estado explica que “las operaciones de erradicación en el país son extremadamente peligrosas. El Buró quiere fortalecer la capacidad de la Policía para mejorar las tasas de erradicación y minimizar el riesgo para el personal en el terreno”. En un documento adjunto se mencionan animales salvajes, minas antipersona y emboscadas de los grupos criminales que controlan los cultivos ilícitos, como los riesgos a los que se enfrentaría la fuerza pública colombiana.
Según se estima en el documento, solo bastaría un dron para fumigar a menos unas 16 hectáreas en dos horas antes de necesitar una recarga. Además, un equipo de técnicos tendría que desplazarse hacia la zona para realizar el operativo de control del dispositivo no tripulado.
Aquellos drones no podrán tener ningún componente de fabricación hecho en China por el temor a que desde allí se pudiera acceder de a información sensible que afecte los intereses de los Estados Unidos.
Cabe recordar que la fumigación aérea con glifosato está suspendida en el país desde 2015, cuando la Corte Constitucional dispuso de dicha orden, acogiéndose a las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS), que alertó de los posibles daños que puede causar ese herbicida en la salud de las personas y en el medio ambiente.
Según la OMS, “hay pruebas convincentes de que el glifosato puede causar cáncer en animales de laboratorio y hay pruebas limitadas de cancerinogenicidad en humanos”. Además, según la organización, dicho herbicida se ha detectado en el agua, en el aire y los alimentos después de ser pulverizado.
Atendiendo la orden de la Corte, el gobierno de Juan Manuel Santos suspendió inmediatamente la fumigación con glifosato. Sin embargo, desde ese entonces Iván Duque ha intentado de diferentes formas retomarlos, sin ningún éxito.
Según el presidente Duque, es necesario restablecer la fumigación aérea con glifosato para disminuir el número de cultivos de coca, la producción de cocaína, y además ,dejar a los grupos al margen de la ley sin recursos suficientes para así reducir el número de masacres y los asesinatos de líderes sociales en el país.
A través de una serie de decretos intentó regular la aspersión. Por ejemplo, prohibió el uso del plaguicida en páramos, humedales y manglares. Los primeros en oponerse a este tipo de medidas fueron las organizaciones campesinas, étnicas y sindicales que temían el regreso del glifosato.
En noviembre de 2021, la Corte Constitucional tumbó el último intento del gobierno de Duque por retomar la fumigación aérea con glifosato. En su fallo, el alto tribunal reconoció “los derechos fundamentales al debido proceso, a la participación, a la consulta previa y de acceso a la información de los demandantes”.
La Policía Nacional había presentado un Plan de Manejo Ambiental (PMA) en el que argumentaba que en el terreno en el que fumigaría con el químico no había comunidades indígenas. Esto fue apoyado por el Ministerio del Interior y a su vez la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) dio luz verde para aprobar el PMA de la Policía.
No obstante, el alto tribunal rechazó tanto el plan presentado por la Policía, como la resolución presentada por el ministerio y la ANLA. “La ANLA no podía tomar una decisión acerca de la modificación del plan sin que antes se realizara consulta previa a todas las comunidades étnicas susceptibles de verse afectadas con la aspersión”, indicó el alto tribunal.
Es preciso añadir, que tanto Gustavo Petro como Rodolfo Hernández, candidatos a la Presidencia de Colombia, dicen oponerse a la aspersión aérea de glifosato para combatir los cultivos ilícitos.
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