A una semana de la crucial segunda vuelta que definirá el nuevo mandatario de Colombia, las bancadas políticas siguen impulsando su campaña para llegar en la mejor posición posible a los comicios del 19 de junio. El candidato Rodolfo Hernández se ha plantado como la ficha más fuerte para llevarse la presidencia del país. Sin embargo, hay un rastro negro que lo persigue y que puede costarle caro en el futuro.
Imputado por falso testimonio
El primer caso judicial en contra del ingeniero fue en 2019, cuando la Fiscalía General de la Nación le imputó el delito de falso testimonio. Esta situación se remonta a 2008, en ese año Hernández actuaba como representante legal de la sociedad inversora San Carlos, allí conoció a Samuel Rueda Gómez, una persona interesada en comprar unos predios en Villavicencio que el ingeniero estaba vendiendo. Durante las negociaciones Rueda le anticipó la suma de 1.000 millones de pesos a Hernández para asegurar la compra, pero Rodolfo decidió venderlos por un precio mayor a otro comprador sin devolverle el dinero a Rueda.
Ante la negativa de Rodolfo de devolver el dinero, Rueda solicitó que le hicieran un interrogatorio. Según Rueda Gómez, el ahora candidato a la presidencia habría atacado su buen nombre y honra de forma reiterada, además de mencionar que no existió documento alguno que demostrara un preacuerdo de venta, mismo que se presentó como prueba en el caso.
La investigación duró desde 2014 hasta 2018, cuando el juzgado Segundo Penal del Circuito de Bucaramanga profirió su fallo a favor de Hernández, argumentando que “no miente de manera frontal ni descarada acerca de los hechos” sino lo que se presentó fue una interpretación diferente de un fenómeno contractual. Luego de haber dado su veredicto, la Fiscalía apeló el fallo defendiendo que desprestigió la administración de la justicia con fines oscuros. Aun así, en septiembre de 2019 el Tribunal Superior de Bucaramanga mantuvo la decisión tomada en primera instancia, cerrando así su primer proceso judicial.
Caso Vitalogic
El caso Vitalogic es el que tiene en vilo al candidato actualmente, ya que se encuentra imputado por la Fiscalía General de la Nación por el delito de interés indebido en la celebración de contratos. La situación inició en 2016 cuando actuaba como alcalde de Bucaramanga y enfrentaba una crisis sanitaria debido al colapso del relleno sanitario “El carrasco”. Por esta razón Hernández decidió poner en marcha la contratación de un consultor que evaluara varias empresas que pudiesen implementar la tecnología necesaria para convertir las basuras en energía y de allí escoger la mejor.
Para esto dispuso dos contratos, uno para la consultoría (por 336 millones de pesos) y otro para la empresa que trabajaría la tecnología de basuras (por 250 millones de dólares). El escándalo comenzó con el primer contrato: según la Fiscalía, la elección del ingeniero consultor Jorge Alarcón fue ordenada por Rodolfo al gerente de la Empresa de Aseo Municipal de Bucaramanga (EMAB), José Manuel Barrera Arias. El ente investigador añadió que otras dos invitaciones enviadas a ingenieros fueron falsas, para que solo quedara escogido Jorge.
Alarcón haría parte de la empresa Vitalogic, organización que tenía la capacidad de desarrollar la tecnología y que aspiró a quedarse con la licitación del segundo contrato, dejando en evidencia el conflicto de intereses. Pero allí no terminó la historia, luego apareció en escena el hijo de Rodolfo, Luis Carlos Hernández, quien habría creado un contrato de corretaje (intermediario de un negocio) con Luis Andelfo Trujillo y Carlos Gutiérrez, contratistas de Vitalogic, para cobrar 2 millones de dólares de comisión si esta empresa era la escogida para el tratamiento de basuras.
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Según las pruebas que ha recogido la Procuraduría General de la Nación, varios integrantes de Vitalogic se habrían reunido en el penthouse de Hernández para acordar la firma del contrato. Además, por medio de los mensajes de Whatsapp de su hijo, también se menciona que el ingeniero comentaba aspectos de la licitación con Luis Carlos, quien posteriormente los compartiría con miembros de Vitalogic.
El juicio contra Rodolfo Hernández se llevará a cabo el 21 de julio, tres semanas después de haberse conocido el nuevo presidente de la República. Lo que llama la atención en este juicio próximo es que según se dio a conocer, Hernández tendría en el despacho de su casa, cámaras y micrófonos que grabaron cada una de las conversaciones que se dieron durante su gestión como alcalde, pero la Fiscalía decidió no recopilar estas grabaciones para el caso.
Infobae Colombia habló con Elmer José Montaña Gallego, reconocido abogado penalista, que dirige el colectivo Control Ciudadano Colombia y quien ha seguido de cerca este proceso en contra de Rodolfo. Se le preguntó sobre la posible razón por la cual la Fiscalía no recopiló estas pruebas que pueden ser primordiales para la investigación, y esto fue lo que comentó:
“Él tenía grabaciones de todo lo que hacía en su despacho y eso fue dado a conocer hace tiempo, hace casi dos años que esta información salió a la luz pública. Yo veo una omisión de la Fiscalía o el fiscal a cargo en esta situación, no entiendo por qué no decidieron allanar. Esa situación es irregular. La Fiscalía en un caso de corrupción con el propósito de incautarse elementos materiales de prueba perfectamente puede allanar los lugares que considere necesarios”
Además, confirmó que hay un exfuncionario de la alcaldía de Bucaramanga que tiene todas esas grabaciones en su poder y que, espera, ojalá puedan ser entregadas a la justicia.
Ante este proceso judicial el candidato Rodolfo Hernández dijo: “Esto es una clara persecución política a una persona que aspira a la Presidencia de la República, que ha luchado con toda su alma para derrotar la corrupción y hoy esa corrupción me llama a juicio por delitos que nunca se cometieron”.
Otros casos de suspensión o penalización
En marzo de 2019 la Procuraduría lo suspendió por dos meses por calumniar a un funcionario público. En diciembre del mismo año lo sancionó por ocho meses por agresión física y verbal contra un concejal y en junio del 2020 lo sancionó por cinco meses por tratar con irrespeto a un ciudadano en un parque de Bucaramanga.
La más reciente acusación contra de Rodolfo Hernández es por el delito de violación a la libertad de asociación. Varios miembros de un sindicato demandaron al candidato por obligarlos a ir a trabajar a pesar de que estos contaban con un permiso sindical permanente. Sobre esta situación se conoce que el último juicio oral fue el pasado 27 de abril y la investigación sigue su curso.
¿Qué sucedería si es elegido presidente y sentenciado culpable?
Elmer Montaña, que también publicó al la carta de acusación de la Fiscalía en contra de Hernández, afirmó que lo más probable si Rodolfo es elegido como presidente de la República es que su caso de corrupción pase a ser evaluado por la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, aspecto que haría que la investigación inicie desde ceros.
Para el jurista, esta situación no tendría que darse teniendo en cuenta los principios penales que ya se han avanzado en el caso:
“En mi opinión eso no tiene que ir a la Cámara de Representantes porque ya la investigación y la acusación se hicieron. En materia penal impera el principio de legalidad, de permanencia de la prueba y preclusión de las etapas procesales, no hay ninguna razón que justifique que esto tenga que volver a arrancar desde cero”.
Para Montaña, teniendo en cuenta el avance del caso Vitalogic, este tendría que pasar al Senado de la República para que procedan a suspender del cargo al presidente y ponerlo a disposición de la Corte Suprema de Justicia para que continúe con el juicio.
En dado caso Hernández sea condenado, la vicepresidenta en cargo, en este caso Marelen Castillo, tomará la gestión del país por los próximos 4 años, no existe posibilidad alguna de volver a llamar elecciones.
El delito por el que el ingeniero está imputado podría tener una sentencia entre 5 a 18 años de prisión, si bien la posibilidad de que esta sea domiciliaria es alta, se establecería un precedente en la historia del país. Por primera vez en la historia de Colombia se tendría el juzgamiento, remoción y condena de un presidente de la República en funciones.
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