Entre archivos y prescripciones: las principales investigaciones por corrupción que han rodeado a Gustavo Petro

Los dos candidatos a la Presidencia de la República de Colombia, Gustavo Petro y Rodolfo Hernández, han ondeado la bandera de la lucha contra la corrupción en campaña. Ese es uno de los temas que más preocupa a los colombianos, según las encuestas, por lo que la confianza de los electores está puesta en quién tiene más posibilidades de combatir el desfalco millonario a las arcas del Estado.

“El régimen de corrupción” es el nombre que le ha dado el candidato del Pacto Histórico, en parte para atribuir la problemática a la clase política tradicional gobernante, que podría ser derrotada con el cambio que propone su programa.

Más allá de las propuestas, los expedientes judiciales de su experiencia en gobierno podrían dar luces del comportamiento de Petro frente a la corrupción cuando, además de denunciante, ha sido el indiciado, aunque sin condenas ni imputaciones en ese sentido.

Uno de los procesos judiciales por corrupción que se mantienen activos en contra del candidato Petro es por la compra de 100 motos eléctricas para la Policía Metropolitana de Bogotá en 2012. La Fiscalía le solicitó a la Corte Suprema de Justicia en 2019 que investigue al exalcalde para determinar si participó de alguna irregularidad de las que se presentaron en el contrato, un caso por el que ya fueron condenados dos funcionarios.

Se trata del contrato de suministro N° 559 firmado el 28 de agosto de 2012 entre el Fondo de Vigilancia y Seguridad de Bogotá (FSV) y la empresa NORTHBOUND TECHNOLOGIES para comprar 100 motocicletas eléctricas tipo cross marca Zero DS-ZF9, que serían entregadas a la Policía.

El brigadier Luis Eduardo Martínez Guzmán, entonces comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, había solicitado al FSV que se compraran unas motocicletas porque no tenían el equipo de movilidad suficiente para los cuadrantes operativos. Además, en el documento, pedía que fueran nuevas tecnologías que contribuyeran a la protección del medioambiente.

Según un informe preliminar de control fiscal de la Contraloría hecho en octubre de 2012, a las motocicletas se les hicieron múltiples pruebas para verificar si servían para el propósito. Las probaron en el Autódromo de Tocancipá, las llevaron hasta el túnel a Villavicencio y las evaluaron con expertos: presentaron ventajas respecto a la capacidad y rendimiento, así como ahorro de combustible y características físicas, conforme con los informes.

Los reparos iban en una batería más grande para mayor velocidad, que se trataba de una tecnología innovadora para la época y se demoraba en cargar completamente seis horas, por lo que las motos tendrían menos tiempo para patrullaje; el mantenimiento era costoso y los sillines podrían ser incómodos.

En el estudio de mercado se determinó que solo las motocicletas Zero DS-ZF9 cumplían con las características solicitadas por la Policía y solo había un proveedor autorizado en Colombia, NORTHBOUND TECHNOLOGIES, una empresa representada por Carlos Andrés Vaca Jiménez. Así las cosas, el FSV realizó una contratación directa justificada en que no existía pluralidad de oferentes.

En ese punto, la Contraloría halló incidencia fiscal y penal en la contratación. La Policía realizó pruebas a la motocicleta Zero DS-ZF9 antes de hacer la solicitud al FVS para la adquisición de los vehículos y se basó en sus características para pedirlas, por lo que era claro que los únicos que estaban autorizados para venderlas en el país iban a ganar el contrato posterior.

Además, la empresa que se ganó el suministro envió la cotización siete días antes de que el FVS solicitara sus respectivas cotizaciones a las compañías que venden motocicletas eléctricas en el país. Ese mismo día, NORTHBOUND TECHNOLOGIES había recibido la certificación para contratación pública y no le alcanzaba para el valor final del contrato, que fue de $4.357.000.000.

Con nueve meses de retraso, las motocicletas fueron entregadas con bombos y platillos, según criticó el concejal Javier Palacio, el 30 de mayo de 2013. Luego, para diciembre 2014, la Contraloría Distrital, en una nueva auditoría al contrato, encontró que 64 motos contaban con alguna avería y que el contratista, contrario a como lo establecían las condiciones del contrato, no tenía el taller adecuado para la garantía técnica y el servicio posventa, en el que no tenía maquinaria ni para alineación.

Un año después, a comienzos de julio, el 90 % de las motos estaban varadas por diferentes situaciones, como problemas chasis, luces fundidas, desgaste de pastillas de freno, caída de posapiés y otras varias fallas que el contratista no aceptaba reparar y que incluso les había tocado pagar a los patrulleros de su bolsillo, según los testimonios recogidos por el ente de control en 2015 en la Estación de Policía de Kennedy. Por esa razón, la Contraloría Distrital confirmó el hallazgo con incidencia penal y disciplinaria y un detrimento patrimonial de 2.311 millones de pesos.

En el 2019, la Fiscalía condenó al exgerente César Manrique Soacha y el exsubgerente Jesús Amado Abril del Fondo de Vigilancia y Seguridad de Bogotá a 10 años de cárcel por el interés indebido en la celebración de contratos y contrato sin cumplimiento de requisitos legales. En la investigación se determinó que se había hecho una licitación directa sin multiplicidad de oferentes y las motos habían sido adquiridas por un valor superior al costo del mercado.

Tres semanas después, el ente acusador compulsó copias a la Corte Suprema de Justicia para que investigara a Gustavo Petro, por las irregularidades presentadas en el contrato. Esto debido a que en el cumpleaños de Bogotá del 2012, el alcalde anunció la compra de motos eléctricas para la Policía y en el evento, al parecer, se encontraba Carlos Andrés Vaca Jiménez, el hombre que ganó la licitación, cuando aún no se había abierto.

La Corte Suprema de Justicia se encuentra en estudio de esa compulsa de copias para definir si abre o no investigación contra el exalcalde de la ciudad por esos hechos, que se encuentra en etapa de indagatoria.

Uno de los hechos más polémicos del alcalde Gustavo Petro, que casi lo deja por fuera de la administración distrital y de su vida política por una decisión violatoria de sus derechos del procurador Alejandro Ordóñez, es el caos de las basuras en diciembre de 2012.

Múltiples investigaciones se abrieron entonces en todos los órganos de control distritales y nacionales en contra del mandatario. Una de ellas fue de la Fiscalía General de la Nación, que recibió 11 noticias criminales tras los hechos e inició una investigación contra Petro y Diego José Fernando Bravo Borda, exgerente de la EAB (Empresa de Acueducto de Bogotá); así como de Henry Romero Trujillo, exdirector de la Uaesp (Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos).

Sin embargo, para noviembre de 2014, cuando el alcalde ya había sido destituido por la Procuraduría, el ente acusador informó que no había material probatorio para iniciar una investigación por los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, interés indebido en la celebración de contratos, concierto para delinquir y prevaricato por acción cuando pasó el contrato de aseo a la Empresa de Acueducto de Bogotá y excluyó a los privados.

Es decir que, si bien hubo fallas técnicas en la estructuración de un esquema de aseo público, con posibles faltas disciplinarias en el proceso, en este no hubo corrupción porque la Fiscalía no lo encontró.

Además, en esa misma investigación desestimó que los operadores privados que esperaban la licitación hubieran hecho un complot contra el esquema de recolección de basuras, aunque varios de sus accionistas como Manuel Sánchez y Emilio Tapia lo hubieran dicho en declaraciones a medios de comunicación.

La Fiscalía aseguró que continuaría investigando el detrimento patrimonial por la adquisición de 39 camiones que no funcionaron y fueron adquiridos para el esquema de Basura Cero. Pero el pasado 21 de febrero de 2022, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca decidió que ese caso se trató de un incumplimiento de contrato por parte de Daewoo Truks S.A.S., compañía a la que le compraron los camiones.

Según el magistrado, en la sentencia de primera instancia, el contratista debió cumplir con la entrega de los camiones a la EAAB y garantizar que estuvieran en condiciones de prestar el servicio de recolección. En cambio, los dejó a su suerte en los puertos de exportación y habría evadido repararlos porque costaba más que comprar unos nuevos.

Gustavo Petro fue acusado por la Contraloría Distrital de haber generado el detrimento patrimonial más grande en la historia de la ciudad y le impuso una millonaria multa de $357.190 millones en un fallo de Responsabilidad Fiscal. Todo como consecuencia de un timonazo que dio en su administración a la venta que había hecho el exalcalde Samuel Moreno de las acciones de la Empresa de Energía de Bogotá en la Transportadora de Gas Internacional.

Petro, a través de la EEB, recompró el 31,92 por ciento de las acciones a mediados de 2014. Moreno las había vendido en 2011 por $400 millones y, en 2014, el Distrito pagó US$840 millones, por lo que se mostraba un incremento del precio y un presunto detrimento patrimonial.

El exalcalde y la entonces presidenta de la EEB Sandra Stella Fonseca Arenas fueron hallados culpables del detrimento patrimonial por la Contraloría Distrital en junio de 2017 y debían pagar parte del monto porque habrían hecho un mal modelo para calcular el valor y permitido retirar los dividendos antes de adquirirlas.

Sin embargo, la decisión fue revocada por la Contraloría en diciembre de 2021, según la emisora W Radio, para dejar sin efectos el fallo de responsabilidad fiscal. Por esos mismos hechos, también se había iniciado una denuncia penal en la Fiscalía General de la Nación por presunta corrupción.

En 2018, el ente acusador archivó la indagación contra Petro, Fonseca y otros ocho miembros de la junta directiva de la EEB, porque no se encontraron irregularidades para avanzar con las mismas. Según dijo, los peritos financieros determinaron que la valoración de las acciones era adecuada. Así mismo, la evidencia mostró que no se realizó doble cancelación de los dividendos y estos le correspondían al accionista IELAH España.

A finales del mes de noviembre de 2018, Petro estrenó su silla en el Congreso de la República tras quedar segundo en la segunda vuelta presidencial de ese año, con lo que más sabe hacer: un debate de control político, junto a Jorge Enrique Robledo y Angélica Lozano, para cuestionar al fiscal Néstor Humberto Martínez por las investigaciones de Odebrecht y sus intereses y presuntas manipulaciones en el proceso.

Hablando de corrupción, la senadora Paloma Valencia logró cambiar el rumbo del debate al exponer unos viejos videos en baja calidad en los que se veía a Gustavo Petro recibiendo fajos de dinero y metiéndolos en una bolsa, sentado en la casa de Juan Carlos Montes, uno de sus funcionarios de la Alcaldía.

Por el ‘petrovideo’ se conoció el hecho y se le pidieron explicaciones a Petro por denunciar corrupción y protagonizar un hecho que lo parecía. El entonces senador aseguró que se trataba de un préstamo del arquitecto Simón Vélez de 20 millones de pesos, a quien conoció a través de Montes y quien le ayudó a financiar una de sus campañas al Congreso entre 2005 y 2006.

Petro quedó desencajado tras la publicación y tardó en dar explicaciones sobre el hecho. En su momento acusó a la Fiscalía de entregar el video y en recientes declaraciones aseguró que lo hizo Alex Saab. Montes, exsubdirector de construcciones del IDRD en su Alcaldía, aseguró que él lo había grabado, pero se ausentó del país y ha sido declarado persona ausente en procesos por irregularidades en contratos durante su tiempo en el instituto distrital.

Además, el arquitecto Vélez también sostuvo, en entrevista con Gustavo Gómez, que él no le había prestado dinero a Petro. Sin embargo, por los hechos de tanto tiempo atrás, las acciones penales ya habían prescrito para el 2018.

Aun así, la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia se inhibió de investigar a Petro por el video y sostuvo que “de no haberse producido la prescripción, al senador Petro tampoco se le puede atribuir alguna conducta que constituya delito, por los hechos revelados en la grabación audiovisual y los que rodearon ese episodio. Concluyó que el dinero recibido en efectivo por el congresista tuvo origen lícito” y no del narcotráfico como se había especulado.

El Consejo Nacional Electoral, por su parte, declaró la caducidad de la investigación porque determinó que habían transcurrido 15 años desde los hechos lo que impedía cualquier acción, así como que no correspondían a la campaña de 2018. Sin embargo, a ciencia cierta, no se sabe de dónde salió el dinero.

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