484 agentes del Estado habrían participado en asesinatos de líderes sociales en el país, según informe

La Corte Interamericana de Derechos Humanos -CIDH- ya había emitido una citación al Estado colombiano para asistir a varias versiones públicas para hablar de la presunta persecución que han cometido entidades como el Departamento Administrativo de Seguridad -DAS- contra el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo durante las últimas tres décadas.

La misma institución -ya extinta-, junto con otras como el Ejército y la Policía nacional, habrían participado en crímenes ejecutados contra líderes sociales. De hecho, según registros de la Fiscalía General de la Nación, entre 1985 y 2016 estuvieron involucrados 484 miembros de actores estatales en el asesinato de defensores de derechos humanos. En dicha información se centró la Comisión Colombiana de Juristas -CCJ- a la hora de presentar un informe sobre persecución sistemática de este grupo poblacional.

Dicho documento, titulado ‘El ‘enemigo interno’: deshumanización e impunidad contra personas defensoras de derechos humanos’, fue entregado a la JEP el pasado 26 de mayo, y detalla que seis regiones del país sufrieron, con más intensidad, los atentados, amenazas y crímenes de líderes y lideresas sociales: Atlántico, Antioquia, Cesar, Arauca, Norte de Santander y Bogotá.

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De acuerdo con el diario El Espectador, la organización defensora de derechos humanos indicó en el informe que 1997 fue el año más violento en esos 30 años. En total, 1.471 líderes y lideresas denunciaron amenazas contra sus vidas. De ellos, 1.330 fueron intimidados por sus filiaciones políticas. El sector sindical y el activismo reportó 39 y 32 casos, respectivamente. Dicho pico de amenazas en ese año coincide con el recrudecimiento del conflicto armado por parte de grupos guerrilleros y paramilitares.

De acuerdo con registros del portal Rutas del Conflicto, solo en 1997 fueron perpetradas 39 masacres en el país, de las cuales dos fueron autoría de movimientos guerrilleros -una en Apartadó (Antioquia) y otra en Pitalito (Huila) y otras tres, por agentes desconocidos. Las demás fueron ejecutadas por paramilitares.

En ese sentido, dichas incidencias concordaron con el testimonio de José Miguel Narváez, subdirector del DAS y que estuvo centrado en que “sin declaratoria de guerra, sin ubicación perfecta de los individuos delincuentes infiltrados y enmascarados entre el común de la gente, aparece en nuestro medio como un cáncer sin diagnosticar plenamente, la amenaza de la subversión política”.

En esas épocas también la Brigada XX del Ejército, la cual tenía a cargo labores de inteligencia, precisó en su momento que solamente el 15% de la subversión en Colombia se encontraba en armas; el 85 % estaba desarmado y “adelantaban la guerra política”, tal y como lo resalta el documento de la CCJ.

A su vez, el informe detalla que si bien para ese año ya debían estar desmovilizados, 2014 fue una época donde recrudeció la violencia contra líderes sociales por parte de estos actores. Grupos como las Autodefensas Gaitanistas de Colombia y el Clan del Golfo cometieron 1.673 ataques.

Incluso, precisa que “Hay una constante en la violencia paramilitar desde 1996 hasta 2006. En este espacio de tiempo, los años con las mayores agresiones fueron el 2004 y el 2003 con 401 y 400 casos respectivamente” indicando que el pico más bajo de violencia contra esta población fue 2007 donde se presentaron 65 casos, número que sigue siendo alto.

Así las cosas, dicho análisis fue entregado a la JEP con el fin de que este tribunal analice la opción de abrir un macrocaso de violencia contra líderes y defensores de derechos humanos en el país en el mismo rubro que prontamente se abrirá con respecto a los crímenes cometidos por agentes del Estado en el marco del conflicto interno.

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