Superintendencia de Industria y Comercio sancionó a operadores del PAE en Bogotá

En 2016, la actual ministra, María Victoria Angulo, como Secretaria de Educación de Bogotá, implementó acciones que fortalecieran el Programa de Alimentación Escolar (PAE) y ante las irregularidades de los operadores, que para esa época se encargaban de la entrega del complemento alimentario, la administración Distrital elevó las denuncias correspondientes y aportó toda la información para que se iniciara el proceso, que hoy entrega sus resultados con multas que superan los $28.000 millones, impuestas a nueve empresas y 16 personas naturales.

“Desde la Secretaría de Educación hicimos unos cambios de fondo con la contratación de la alimentación escolar, nos enfrentamos a toda clase de presiones que había, así como a los contratistas corruptos. Estamos muy contentos de que la Superintendencia de Industria y Comercio haya hecho justicia y fruto de esas investigaciones, iniciadas por las batallas que nosotros dimos en la contratación, en equipo con Colombia Compra Eficiente, estén dando efectivamente las sanciones”, precisó la Ministra.

Cada día, el PAE llega a más de 5.8 millones de niños, niñas, adolescentes y jóvenes en más de 43.000 sedes educativas en todo el país. El control de este programa garantiza que los recursos asignados sean ejecutados de manera idónea y se apoye el acceso y permanencia de sus beneficiarios en el sector educativo oficial.

Anualmente, en el PAE concurren cerca de $2.6 billones. De estos, más de $1.2 billones son aportados por el Gobierno nacional a través de recursos de inversión del Presupuesto General de la Nación. Este presupuesto es asignado a las 96 Entidades Territoriales Certificadas que, en el marco de la normatividad y la autonomía, son las ejecutoras del programa en sus territorios.

Normas para la transparencia

Estabilizar el programa pasó por crear normas que facilitaran el seguimiento. Así nació la Resolución 335 del 23 de diciembre de 2021, que establece los lineamientos técnicos que deben cumplir los actores involucrados tanto en la planeación como en la ejecución del Programa.

También se promulgó la Ley 2167 que garantiza la operación del PAE durante todo el calendario académico e impide que se reduzcan recursos destinados a nivel nacional y territorial.

“Con esto se dejó en claro que el PAE es un proyecto estratégico que tiene prioridad presupuestaria y cada administración debe dejar garantizada la continuidad del servicio”, señaló Juan Carlos Martínez, director de la UApA.

Con un estándar definido, el siguiente paso consistió en endurecer las sanciones. Así, el Artículo 51 de la Ley 2195 de Transparencia, Prevención y Lucha contra la Corrupción, extendió a diez años el periodo de inhabilidad de quienes incumplieran contratos relacionados con el PAE.

“El Artículo 52, además, permite aplicar medidas contractuales como la caducidad, sin que esto implique la interrupción del PAE, dándoles garantías a alcaldes y gobernadores para imponer las sanciones correspondientes”, indicó la ministra de Educación.

Pero vigilar el cumplimiento requería datos precisos. Así nació el SIPAE, un ecosistema de información creado en cooperación con el Banco Mundial que, en su primera fase ya desarrollada, permite sistematizar la información sobre menús y número de cupos en cada sede y hacerle seguimiento con participación ciudadana: quienes se benefician tienen el poder de hacer veeduría y exigir calidad. La segunda fase, ya financiada, facilitará el seguimiento sede a sede y día a día.

Sumado a lo anterior, desde el Ministerio de Educación vienen haciendo un ejercicio articulado con los órganos de control en acciones preventivas, apoyándolos para que sigan investigando y hagan públicas las acciones en contra de quienes le fallan a los niños colombianos.

El PAE es hoy un programa con enormes instancias de control en la que participan rectores, Comités de Alimentación Escolar (CAE), manipuladoras de alimentos, estudiantes, docentes, padres de familia, gobernantes, y la comunidad en general. Para lo cual, tienen a su disposición ‘PAEstarAlDía’, una herramienta, desarrollada por la Unidad de Alimentos para Aprender y el Banco Mundial, que facilita el control social y la participación ciudadana. Esta plataforma permite conocer la operación del PAE y registrar situaciones que afecten su normal funcionamiento.

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