Representante legal de proyecto de vivienda que resultó una estafa fue enviado a la cárcel

Martín Emilio Rodríguez, representante legal del proyecto de Vivienda de Interés Social, La Coruña, promovido por la Asociación de Vivienda Cachalú en San Gil, Santander, fue enviado a la cárcel por orden de un juez con función de control de garantías.

La medida de aseguramiento en centro carcelario se da por su presunta responsabilidad en la estafa de 76 familias que invirtieron sus ahorros e incluso se endeudaron para cumplir su sueño de tener vivienda propia. De acuerdo con las investigaciones, estas personas entregaron sus recursos económicos con la promesa de recibir uno de los apartamentos que supuestamente se construirían. Sin embargo, ni siquiera la construcción de las torres llegó a termino.

Tras las investigaciones adelantadas por la Fiscalía General de la Nación, se pudo establecer que Martín Emilio Rodríguez, como representante legal del proyecto, fue la persona encargada de desarrollar, promover y vender al público las viviendas.

Luego de ser capturado por miembros del CTI de la Fiscalía, de la Policía Nacional y el Ejército Nacional, el ente acusador imputó a Rodríguez por los delitos de urbanización ilegal y estafa agravada.

El proyecto de Vivienda de Interés Social en Sal Gil contemplaba la construcción de cuatro torres, de cinco pisos y 60 parqueaderos, así como 15 locales comerciales. De eso, solo se alcanzó a construir, de manera parcial, una torre.

Es de resaltar que además de las irregularidades en las obras del proyecto, las autoridades establecieron que a algunas de las familias se les entregó, de manera irregular, supuestas escrituras de las viviendas sin siquiera haber sido construidas.

La Fiscalía General de la Nación informó hace un tiempo que tras las investigaciones, se pudo establecer que solo se construyó la construcción de una de las cuatro torres pero de manera parcial y, al parecer, “se les ha venido mintiendo a los compradores a quienes, en algunos casos, les han entregado escrituras de inmuebles que no se han construido”.

Otros judicializados por la millonaria estafa contra familias de Santander

Cabe recordar que por estos mismos hechos, que ocurrieron entre 2013 y 2017 en abril de este año fueron judicializadas otras personas.

Los otros imputados por los delitos de estafa agravada y urbanización ilegal fueron identificados como Patrocinio Salazar Gómez, Sonia Consuelo Ríos Velásquez, Cindy Melissa Wandurraga Ríos y Sandra Milena Bautista Merchán.

Esas personas, de acuerdo con la Fiscalía General de la Nación, también fueron cobijadas con medida privativa de la libertad.

Mientras tanto, las víctimas siguen esperando que una reparación económica por las afectaciones que sufrieron. En el mejor de los casos, algunos esperan que la construcción se retome y puedan cumplir el sueño de tener vivienda propia, motivo por el que muchas familias incluso se endeudaron hace nueve años.

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