Álvaro Miguel Navas Patrón fue presidente del Banco Agrario de Colombia entre 2013 y 2014 y, en su ejercicio, la Procuraduría General de la Nación encontró que el entonces directivo firmó un documento que le daba la suscripción de un contrato, para la compra de cartera, con la sociedad Estrategias en Valores S.A, Estraval.
La firma emitida el 17 de junio de 2014, le permitió a la empresa dedicada a la venta de libranzas, la cual no cumplía con el requisito de experiencia mínima de tres años en la generación de este tipo de créditos, conforme lo estipulado en el Manual de Políticas de Crédito, Cartera y Garantías de Banco.
La Procuraduría delegada Disciplinaria de Juzgamiento 2 determinó que, Álvaro Miguel Navas, vulneró la política de la Junta Directiva del banco, del cual era presidente, sus funciones asignadas y las normas precisas y concretas sobre los requisitos exigidos para formalizar este tipo de operaciones.
En primera instancia, la Procuraduría sancionó al expresidente a suspenderlo de cargos por 5 meses por que:
“Transgredió los principios de eficacia y economía, al contratar con Estraval, lo que “generó que se pusieran en peligro y eventualmente se perdieran o extraviaran cuantiosos recursos”. Lo anterior por cuanto, con la contratación se dio lugar a que se perdieran recursos del Banco en cuantía superior a los $15 mil millones”, constituyendo una falta grave.
A esto se le debe tomar en cuenta que, como ya no se encuentra desempeñando las funciones, se hará la conversión de la sanción a salarios, los que recibía al momento que cometió las irregularidades.
Casi un mes después Navas presentó su renuncia, según en la carta que presentó, por motivos personales y académicos. Pero, en 2018, la Procuraduría formuló el pliego de cargos a los funcionarios y exfuncionarios que estaban vinculados con la firma de Estaval.
En ese momento se estimaba que la empresa de libranzas captó 600 mil millones de pesos a través de la compra y venta de cartera en altos porcentajes de inversión, a través de estrategias comerciales, donde se ofrecían tasas entre el 14 y 21 por ciento efectivo anual si se hacían inversiones en Estraval.
Pero el expresidente Navas no fue el único sancionado:
“La gerente de Ventas de Banca de Consumo, Rosmary Malaver Figueroa; la vicepresidente de Crédito y Cartera, Gloria Marcela Ferrán Muñoz; la gerente nacional de Análisis de Crédito, Angélica María Castro Rodríguez; el subgerente de Crédito Empresarial y Oficial, Óscar Mauricio Romero Carrillo; y el subgerente de ventas de Banca de Consumo, Hernán Guillermo Urrego Olarte”, quienes fueron sancionados e inhabilitados por 10 años.
La Procuraduría también emitió fallo de destitución e inhabilidad a: la profesional senior de Análisis Financiero, Irleana Martínez Barahona, y el analista financiero de la Vicepresidencia de Crédito y Cartera, Henry Federico Toledo Ospina; todos estos fueron sancionados por 9 años.
Otra entidad que ya se había pronunciado sobre irregularidades en el Banco Agrario fue la Contraloría General de la República, a principios de abril emitió alertas, tras auditorías realizadas en la entidad sobre los subsidios de vivienda de interés social rural otorgados, hasta el 2017; según el órgano de control, se encontraron 36 hallazgos administrativos, de los cuales 11 tienen un valor de 5.292 millones de pesos, 29 son de carácter disciplinario y 2 tienen solicitud de indagación preliminar.
Según la auditoría, el banco retiró a los beneficiarios de forma unilateral, con el argumento de evitar la afectación de ciudadanos para que se puedan postular a programas y para depurar sus bases de datos.
Otras de las irregularidades que se encontraron en el Banco Agrario fue que no se están cumpliendo con los proyectos y los tiempos acordados para sus entregas:
“De igual forma, se evidenció incumplimiento en los tiempos dispuestos para la evaluación y subsanación de los proyectos, que en muchos casos excedieron más de un año, lo que generó retrasos en la construcción de las viviendas y el consecuente desfinanciamiento de los proyectos por el alza de los precios en el transporte y materiales”, según indicaron los operadores.
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