Procuraduría inhabilitó al expresidente del Banco Agrario por compra irregular de cartera

Álvaro Miguel Navas Patrón fue presidente del Banco Agrario de Colombia entre 2013 y 2014 y, en su ejercicio, la Procuraduría General de la Nación encontró que el entonces directivo firmó un documento que le daba la suscripción de un contrato, para la compra de cartera, con la sociedad Estrategias en Valores S.A, Estraval.

La firma emitida el 17 de junio de 2014, le permitió a la empresa dedicada a la venta de libranzas, la cual no cumplía con el requisito de experiencia mínima de tres años en la generación de este tipo de créditos, conforme lo estipulado en el Manual de Políticas de Crédito, Cartera y Garantías de Banco.

La Procuraduría delegada Disciplinaria de Juzgamiento 2 determinó que, Álvaro Miguel Navas, vulneró la política de la Junta Directiva del banco, del cual era presidente, sus funciones asignadas y las normas precisas y concretas sobre los requisitos exigidos para formalizar este tipo de operaciones.

En primera instancia, la Procuraduría sancionó al expresidente a suspenderlo de cargos por 5 meses por que:

A esto se le debe tomar en cuenta que, como ya no se encuentra desempeñando las funciones, se hará la conversión de la sanción a salarios, los que recibía al momento que cometió las irregularidades.

Casi un mes después Navas presentó su renuncia, según en la carta que presentó, por motivos personales y académicos. Pero, en 2018, la Procuraduría formuló el pliego de cargos a los funcionarios y exfuncionarios que estaban vinculados con la firma de Estaval.

En ese momento se estimaba que la empresa de libranzas captó 600 mil millones de pesos a través de la compra y venta de cartera en altos porcentajes de inversión, a través de estrategias comerciales, donde se ofrecían tasas entre el 14 y 21 por ciento efectivo anual si se hacían inversiones en Estraval.

Pero el expresidente Navas no fue el único sancionado:

La Procuraduría también emitió fallo de destitución e inhabilidad a: la profesional senior de Análisis Financiero, Irleana Martínez Barahona, y el analista financiero de la Vicepresidencia de Crédito y Cartera, Henry Federico Toledo Ospina; todos estos fueron sancionados por 9 años.

Otra entidad que ya se había pronunciado sobre irregularidades en el Banco Agrario fue la Contraloría General de la República, a principios de abril emitió alertas, tras auditorías realizadas en la entidad sobre los subsidios de vivienda de interés social rural otorgados, hasta el 2017; según el órgano de control, se encontraron 36 hallazgos administrativos, de los cuales 11 tienen un valor de 5.292 millones de pesos, 29 son de carácter disciplinario y 2 tienen solicitud de indagación preliminar.

Según la auditoría, el banco retiró a los beneficiarios de forma unilateral, con el argumento de evitar la afectación de ciudadanos para que se puedan postular a programas y para depurar sus bases de datos.

Otras de las irregularidades que se encontraron en el Banco Agrario fue que no se están cumpliendo con los proyectos y los tiempos acordados para sus entregas:

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