El Consejo de Estado de Colombia aceptó la demanda interpuesta por el ciudadano Joan Sebastián Moreno Hernández, de profesión abogado, para que se le declare la muerte política al candidato presidencial del movimiento de izquierda Pacto Histórico, Gustavo Petro, por faltar a su trabajo sin justificación como senador en el Congreso.
Según la solicitud del ciudadano, entre el 20 de julio de 2018 y el 23 de mayo de 2022 —fecha en que se radicó la demanda—, el exalcalde de Bogotá habría faltado en 17 oportunidades “a sesiones plenarias donde se han votado proyectos de ley”. ocho de las cuales ocurrieron durante la primera legislatura —2018-2019—.
El demandante enumeró ciertas incapacidades que Gustavo Petro presentó ante sus inasistencias, algunas de las cuales fueron emitidas por un médico particular y la EPS Sanitas no transcribió. En agosto de 2018 faltó por una tortícolis. En octubre del mismo año, por una cirugía de hernia inguinal. En noviembre, por una cefalea tensional y un lumbago. En mayo de 2019, la enfermería del Senado lo dejó ir “a causa de síntomas generales”.
También se reseña que el candidato Petro también se ausentó con permiso de la Mesa Directiva del Senado “para participar en la Conferencia Latinoamericana y Caribeña de Ciencias Sociales del 17 al 20 de noviembre de 2018 que se llevó a cabo en la ciudad de Buenos Aires en Argentina”. También recibió un permiso en abril de 2019 “participar en un congreso de Derechos Humanos en Bélgica”, aunque este último “no tiene todas las firmas necesarias para su validez”.
Finalmente, el senador —que ganó su curul por haber obtenido el segundo lugar en las elecciones presidenciales de 2018— recibió licencias no remuneradas en octubre de 2018 y marzo de 2019, y faltó sin justificación el 6 de noviembre de 2018.
En total, de acuerdo con el demandante, el candidato habría faltado a su trabajo como senador sin justa causa en siete oportunidades. Según el artículo 183 de la Constitución Política de Colombia, “los congresistas perderán su investidura: [...] Por la inasistencia, en un mismo periodo de sesiones, a seis reuniones plenarias en las que se voten proyectos de acto legislativo, de ley o mociones de censura”.
Hasta el momento, Gustavo Petro no ha respondido al anuncio de que esta demanda fue aceptada para revisión del tribunal contencioso administrativo. No obstante, el Consejo de Estado ya ha desestimado varias demandas impuestas con el fin de quitarle la investidura, así que esta solicitud podría correr la misma suerte.
En octubre de 2019, un ciudadano afirmó que debía declararse su muerte política por el fallo del Tribunal Administrativo de Bogotá, que lo condenaba patrimonialmente por cambiar el esquema de recolección de basuras en su alcaldía. El alto tribunal determinó que esta acción no daba lugar a la configuración de inhabilidad.
En octubre de 2020, otra demanda buscaba su destitución bajo el argumento de que Petro violó los derechos fundamentales “a la verdad, igualdad y a vivir en paz” por publicar información y estadísticas en sus redes sociales que carecían de veracidad y no eran imparciales, según el demandante.
En marzo de 2021 le desestimaron otra por, presuntamente, hacer eco de desobediencia civil cuando se destapó el escándalo de la “Ñeñepolítica” y la supuesta compra de votos que tuvo Iván Duque en su campaña presidencial.
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