Dejan libre a militares investigados por la muerte de Dimar Torres

En la tarde de este viernes un juez penal de control de garantías de Norte de Santander dejó en libertad a los militares del Ejército Nacional señalados de ser responsables del homicidio del exguerrillero de las Farc y firmante de paz, Dimar Torres, ocurrido el 22 abril de 2019.

La decisión del togado se dio al considerar que se vencieron los términos por lo que los cinco uniformados imputados por el crimen (entre los que hay un coronel en retiro) serán juzgados en libertad. El asesinato de Torres se registró en la vereda Campo Alegre, en la zona rural de Convención (Norte de Santander).

Los militares involucrados en el asesinato del excombatiente son el coronel (r) Jorge Armando Pérez Amézquita y los soldados profesionales Cristian David Casilimas Pulido, Yorman Alexánder Buriticá Duarte y William Alarcón Castrillón.

El primero había sido sancionado con destitución e inhabilidad para ocupar cargos públicos por 20 años, mientras que los soldados fueron destituidos e inhabilitados por 12 años. El cabo segundo Daniel Eduardo Gómez Robledo, fue destituido e inhabilitado por 14 años. Este último ha sido el único en reconocer su responsabilidad en el homicidio y fue sentenciado a 20 años de prisión.

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Durante la audiencia realizada en las horas de la tarde, el abogado del hombre asesinado inició su intervención diciendo que existieron acciones dilatorias en el proceso por parte de los abogados de los militares.

Continúo su discurso diciendo: “La justicia penal avanza a pasos lentos con el esclarecimiento de las responsabilidades y la aplicación de una sanción ejemplar. Es necesario recordar que la Procuraduría confirmó la destitución de los miembros de la fuerza armada y los inhabilitó por periodos de entre 14 y 20 años, para ejercer cargos públicos”, dijo la defensa de Dimar Torres.

Según la decisión del juez, la libertad se otorga porque pasaron más de 150 días desde que inició el juicio por homicidio y todavía los imputados no conocen el sentido de fallo, que puede ser condenatorio o absolutorio.

Como lo registró El Espectador, una de las demoras presentados por la defensa del general (r) se debió a un pedido para que el caso fuera llevado por un juez penal militar, aunque la solicitud fue negada. “También hubo cambio de juez y el nuevo se tardó cuatro meses para conocer el expediente”, agregó una fuente cercana al caso al medio de comunicación.

La hipótesis que maneja la fiscalía es que el coronel (r) Jorge Armando Pérez Amézquita habría ordenado el crimen como represalia por la muerte del soldado Pablo Borja García, quien murió por un artefacto explosivo.

La Fiscalía General de la Nación anunció en enero de 2022 haber alcanzado avances en el 59 % de los asesinatos y agresiones contra excombatientes de las Farc. En total la entidad presentó un registro de 414 hechos, entre homicidios (284), tentativas de homicidio (47), desapariciones forzadas (21) directamente de excombatientes. Así mismo, se registraron 56 homicidios de sus familiares, cinco intentos de asesinato y un caso de desaparición forzada.

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