Tribunal Superior de Ibagué le envió mensaje al presidente Duque: “Las decisiones de los jueces deben respetarse”

Luego de que la Presidencia de la República instauró una queja en contra del Tribunal Superior de Justicia de Ibagué por el arresto que ordenaron al jefe del Estado colombiano, Iván Duque, los magistrados contestaron y le hicieron un nuevo jalón de orejas al primer mandatario por, presuntamente, desacatar las ordenes judiciales que se emitieron el pasado 2 de junio.

Los magistrados de esa corporación tolimense emitieron un comunicado en el que condenaron la queja que interpuso el Ejecutivo colombiano en defensa del presidente Duque. El texto está firmado por los magistrados Diego Omar Pérez, presidente del Tribunal Superior de Ibagué, Carlos Orlando Velásquez Murcia, Mónica Ximena Reyes Martínez y Amparo Emilia Peña Mejía.

En el comunicado, los togados tildaron de “descalificadoras” las declaraciones que Duque hizo al referirse al caso. Allí, no solo aseguró que la acción judicial en su contra y la multa de 15 millones que debía pagar era “inconstitucional”, sino que también envió varios reparos a los citados magistrados.

Es de recordar que el arresto contra el presidente se dio porque los juristas consideraron que había desacatado la orden de protección especial a la fauna y flora del Parque de los Nevados, que había sido emitida en noviembre de 2020 por la Corte Suprema de Justicia; hechos que fueron duramente cuestionados por el jefe de Estado.

En esa línea, exhortaron a Duque a que respete las decisiones emitidas por los órganos judiciales del país y lo invitaron a defenderse de manera legal y no con cuestionamientos como los que realizó tan pronto conoció la medida en su contra. Para los magistrados, el mandatario debe preservar “el valor esencial del principio de independencia y autonomía en el marco de un genuino sistema democrático de pesos y contrapesos”, agregaron.

Además, se mostraron imparciales frente a la acción en contra de Duque y aseguraron que la decisión de la Sala Quinta del tribunal que representan no pueden calificarla de “acertada o equivocada”.

El pronunciamiento se da luego de que, desde la Casa de Nariño, se pidió una sanción disciplinaria en contra de los magistrados Carlos Orlando Velásquez, Mónica Jimena Reyes Martínez y Amparo Emilia Peña Mejía, quienes tomaron la decisión de sancionar al mandatario de los colombianos con el arresto de cinco días y la multa monetaria.

Según el documento de 14 páginas presentado por el ejecutivo, los togados habrían incurrido en prevaricato por acción, es decir, que tomaron una decisión en contra de la ley. En el documento se asegura que ese tribunal no era el juez competente para ordenar su arresto, pues señala que una decisión de ese talante le correspondía a la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes.

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