El excabecilla del frente 30 de la extinta guerrilla de las FARC, Martín Pérez Castro, conocido con el alias de Richard, fue extraditado a los Estados Unidos durante la mañana de este viernes 10 de junio, según informaron las autoridades.
A este exsubversivo se le responsabiliza de la retención ilegal de los 12 diputados del Valle del Cauca por parte de esa organización criminal, de los cuales solo recuperó la libertad uno: los demás fueron ejecutados en cautiverio. Ese hecho le valió una condena de 30 años por secuestro. También alcanzó a recibir 28 órdenes de captura en Colombia por homicidio agravado y porte ilegal de armas.
El país norteamericano requiere a alias Richard para que responda por los cargos de empresa criminal continuada y conspiración internacional para fabricación y distribución de cocaína. Se identificó una red criminal de transporte de cocaína que involucraba el territorio de Panamá y a miembros del Cartel de Sinaloa.
Pérez Castro fue capturado en julio de 2014, en una finca rural del Valle del Cauca, valorada en 1,3 millones de dólares. En el lugar, se encontraron diversos vehículos de alta gama y hasta 860.000 dólares en efectivo ocultos en envoltorios de plástico, de acuerdo con la Policía.
En el momento de su captura, alias Richard era el responsable de la mayoría de recursos que las FARC obtenían del tráfico de estupefacientes. Con ese dinero se abastecían de armas y explosivos, según la Policía.
“Se cobrara 300 mil pesos por todo; es decir, 100 mil pesos por kilo de coca que despachaban para Centroamérica, otros 100 mil por la cocina y otros 100 mil por la compra de base en la zona. Era un impuesto para la organización y todo se reportó a un mando superior”, le dijo el propio Richard a RCN Radio en octubre de 2019.
En diciembre de 2017, el tribunal de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) le dio boleta de libertad condicional a Pérez Castro y a otros 512 exsubversivos que tenían procesos con la ley. Ellos serían trasladados a una Zona Veredal Transitoria de Normalización por los acuerdos de paz, mientras se definía su situación.
La decisión había ofendido a los familiares de sus víctimas. Ángela María Giraldo, hermana del diputado secuestrado y ejecutado Francisco Giraldo, envió una carta de protesta en aquel entonces.
“Considero totalmente inaudito que la justicia ordinaria actúe tan a la ligera, otorgando libertad condicional, a una persona que está vinculada a un crimen de lesa humanidad, lo que es violatorio de nuestra Constitución Política y de los Tratados Internacionales suscritos por Colombia”, dijo la familiar.
No obstante, la solicitud de libertad no se concretó porque alias Richard tenía una solicitud de extradición a Estados Unidos desde el 17 de noviembre del 2016. La JEP estudió la posibilidad de que no fuera extraditado y cobijarlo en su régimen especial, y la negó en 2018, bajo el argumento de que no demostró la relación entre las FARC y su pertenencia a la compleja red narcotraficante.
“Si bien Pérez Castro fue reconocido como integrante de las Farc-EP, según las distintas sentencias en las que ha sido procesado en la justicia ordinaria, estas solo dan cuenta de dicha pertenencia hasta el año 2002, lo que no sucede respecto del periodo comprendido entre 2009 y 2014. Tampoco se demostró que siguiera militando en esa organización o que no desarrollara actividades ilícitas por cuenta propia”, respondió la JEP en ese entonces a Blu Radio.
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