Un defensor de la comunidad LGBTIQ+, una lideresa de Chocó y otro de Antioquia fueron asesinados esta semana

El exterminio de los líderes sociales en Colombia no cesa y esta semana se han reportado los homicidios de tres de ellos en Bogotá, Cali y Tarazá (Antioquia).

La primera víctima fue Jesusita Moreno una lideresa del municipio de Istmina (Chocó), en la región del Pacífico colombiano, que fue ultimada en Cali (Valle del Cauca) hacia donde fue desplazada para buscar protección ante la serie de amenazas de las que venía siendo víctima.

La mujer, que le decían de cariño Doña Tuta, era reconocida por su trabajo por la defensa de los derechos de las comunidades afrodescendientes e indígenas, según informaron en el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz).

Moreno también formaba parte de la comunidad de Noanamá, territorio que hace parte del Consejo Comunitario General del San Juan en Chocó donde impulsó acuerdos humanitarios por el respeto de la vida.

La Comisión Intereclesial de Justicia y Paz señaló que la lideresa había denunciado en múltiples ocasiones que estaba siendo amenazada e incluso ya habían atentado en contra de su vida por su trabajo a favor de la comunidad.

Aunque se desplazó hasta Cali (Valle del Cauca) para buscar protección ante las intimidaciones en su contra, hasta el barrio La Floresta de esa ciudad fueron enviados hombres armados que la asesinaron disparando en su contra en varias oportunidades.

El otro líder social asesinado fue Óscar Parada Torres, un reconocido defensor de los derechos de la comunidad LGBTIQ+ en Bogotá.

En Indepaz informaron que Parada fue asesinado en el barrio Bonanza, en la localidad de Engativá, sin dar mayores de detalles de cómo se perpetró el crimen.

Parada se desempeñaba como consejero consultivo y representante de personas bisexuales dentro del Consejo Consultivo LGBTIQ+ de Bogotá.

Tras el crimen desde el Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal (Idpac) de Bogotá enviaron un mensaje de condolencia, a través de su cuenta oficial de Twitter, por la pérdida del líder social: “Lamentamos el asesinato de Óscar Parada Torres, consejero consultivo LGBTIQ+ en representación de las personas bisexuales. Extendemos nuestro más sincero mensaje de solidaridad y fortaleza a sus seres queridos en estos duros momentos”.

Mientras que desde la Defensoría del Pueblo condenó lo ocurrido en una publicación en la misma red social: “Rechazamos el asesinato en Bogotá de Óscar Parada Torres, Consejero Consultivo LGBTI y defensor de los derechos de esta población. Nos solidarizamos con su familia y estaremos atentos a los resultados de las investigaciones judiciales”.

Finalmente, el último líder asesinado fue Darío de Jesús Madrid López quien era reconocido por la comunidad de Tarazá (Antioquia) por su trabajo a favor de la comunidad de ese municipio del occidente del país.

Estos crímenes se dan justo cuando surgió la controversia entre el gobierno del presidente Iván Duque e Indepaz por las cifras de líderes sociales asesinados en Colombia, que de acuerdo con la ONG ascenderían a 930 en durante la actual administración.

En el informe además se incluyeron las 245 muertes de firmantes de acuerdo de paz y las 261 masacres reportadas en el territorio nacional. Respecto a las cifras, Indepaz además aseguró que “desde el primer periodo de Uribe no se han registrado años más violentos en Colombia”.

Estas cifras entregadas por el Instituto no fueron bien recibidas por el gobierno de Iván Duque. Tras conocerse el informe, el consejero para los Derechos Humanos y Asuntos Internacionales, Yefferson Mena Sánchez, hizo fuertes declaraciones respecto al tema.

“Con las cifras de homicidios de líderes sociales y defensores de Derechos Humanos no se juega, no está bien hacerlo, las cifras de homicidios de líderes sociales no se deben tomar a la ligera. Indepaz no es la organización encargada de emitir las cifras oficiales sobre estos hechos”, afirmó.

Además, indicó que la fuente oficial para recopilar la información de este tipo de homicidios en el territorio nacional es la Defensoría del Pueblo. 

Por su parte, la ONG le respondió que el gobierno no puede prohibir el registro de este flagelo por parte de las entidades de la sociedad civil.

“De conformidad con derechos fundamentales constitucionales, el gobierno no tiene atribuciones para prohibir el registro de infracciones a los Derechos Humanos o de asesinato de líderes sociales realizado por organizaciones de la sociedad civil o por ciudadanos. Tampoco tiene competencia para obligar a que se sometan los informes a la previa unificación con la Defensoría o entidad gubernamental o estatal cualquiera”, expresaron en un comunicado.

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