Un año después de la visita de la CIDH a Colombia por el paro nacional, el cumplimiento de sus recomendaciones sigue en veremos

Ese 8 de junio de 2021, en el Portal Américas se vivía un ambiente pacífico, aunque tenso. Se llevó a cabo una mesa de diálogos entre el distrito, encabezado por el entonces veedor Guillermo Rivera; líderes de la primera línea y vecinos del sector que, en sus intervenciones, denunciaron agresiones con gases lacrimógenos estando incluso dentro de sus residencias. Luego de llegar a acuerdos sosos, la mesa se levantó en medio de los caldeados ánimos por la ausencia de la alcaldesa, Claudia López.

Pasadas las seis de la tarde, delegados de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos llegaron al portal de Transmilenio ubicado entre Kennedy y Bosa, para escuchar a la ciudadanía en un ejercicio que tuvo como protagonistas no solo a los funcionarios, sino a la comunidad indígena presente en el lugar que estuvo custodiando la visita. Luego de casi dos horas de permanecer atentos a los reclamos de jóvenes, se retiraron en la que fue su última presencia en la capital del país dada la intensidad de la violencia en cada manifestación.

Días después, la CIDH emitió una serie de recomendaciones al estado colombiano basadas en la convulsión generada no solo en Bogotá, sino en Cali, donde la violencia entró en un punto crítico para los manifestantes y hasta las comunidades indígenas que fueron afectadas por civiles armados en hechos que fueron rechazados por organizaciones como Amnistía Internacional.

Realizar una sistematización, junto con organizaciones sociales de datos sobre los muertos y heridos en medio de las manifestaciones del paro, la separación de la Policía nacional del ministerio de Defensa, reparar en su totalidad a todas las víctimas y promover una ley que reglamente el derecho a la protesta -contemplado en el artículo 37 de la Constitución política-, fueron las conclusiones a las que llegó el organismo internacional, y si bien tras su visita la violencia en las calles se redujo, el acatamiento de las sugerencias sigue en veremos.

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Ninguno de los cuatro puntos se ha cumplido. De hecho, tan pronto salió el informe, la vicepresidenta y canciller Marta Lucía Ramírez hizo reparos en las recomendaciones de la CIDH, diciendo que si bien el gobierno actual recibió con beneplácito el informe, hay puntos que no iban a ser acatados, empezando por la separación de la Policía de la cartera de Defensa.

Tampoco se han sistematizado los datos de entidades oficiales con los de oenegés sobre víctimas de múltiples violencias en medio de las marchas. De hecho, este miércoles el concejal Diego Cancino publicó el informe ‘Resistir la impunidad’ donde muestra que los registros de la Fiscalía no concuerdan con los de oenegés como Temblores e Indepaz.

Por ejemplo, sobre los casos de violencia sexual, la entidad de control reportó cuatro casos -tres en Soledad (Atlántico) y otro en Cali-, en tanto que la ONG Temblores tiene en sus manos 25 denuncias por agresiones de este tipo. Sumado a eso, la Campaña Defender la Libertad tiene 18 registros, de los cuales 5 ocurrieron en Bogotá.

Tampoco ha habido reparación. De hecho, muchas de las investigaciones por posibles casos de abuso policial no han avanzado, ni siquiera casos mediáticos como el de Lucas Villa, que fue asesinados por desconocidos en el Viaducto César Gaviria, en Pereira. Sobre esto, el informe de Cancino señala que La Fiscalía registró 3.169 casos de posibles hechos delictivos relacionados con las manifestaciones ocurridas entre el 28 de abril y 2 de junio del año pasado. De esta cifra, en el 61,1% de los casos no se han identificado responsables en tanto que el 2 % (65 hechos) la fuerza pública habrían sido los causantes.

Incluso, se ha legislado en contra de las recomendaciones de la CIDH: la Ley 2197 de enero de 2022 (también conocida como la se Seguridad Ciudadana) donde se establece un aumento de penas en los delitos que más le imputó la Fiscalía a los manifestantes detenidos, como el lanzamiento de sustancias ‘peligrosas’ o la obstrucción de vías. Incluso, más del 70 % de personas que llevaron procesos por dichas conductas quedaron en libertad pues las capturas fueron consideradas como ilegales.

Finalmente, la CIDH emitió la semana pasada el informe anual sobre el cumplimiento de derechos humanos en la región, y nuevamente le hizo un jalón de orejas a Colombia por la represión policial y criticó -otra vez- las cifras disparejas que hay entr organizaciones sociales y entidades estatales de control.

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