Fiscalía estaría negociando preacuerdos con miembros de la red del senador Mario Castaño

Luego de que el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación capturara, a las afueras del Capitolio, en Bogotá, al senador del Partido Liberal Mario Alberto Castaño Pérez, el pasado 7 de junio, hoy 9 de junio se conoció que el ente acusador estaría negociando un acuerdo con la red de corrupción que lideraba Castaño.

De acuerdo con información de Caracol Radio, Nova Lorena Cañón y Alejandro Noreña Castro, dos de las nueve personas que también fueron capturadas, no solo estarían negociando un preacuerdo con la Fiscalía sino que también, según le contaron fuentes cercanas al proceso a la emisora, Cañón y Noreña temen tanto por su seguridad como la de sus familias luego de la captura del senador del partido Liberal.

También se conoció que no se descarta que se les otorguen principios de oportunidad a algunos de los miembros de la red de corrupción que lideraba Castaño y que se habrían apropiado ilegalmente de más de 60 mil millones de pesos, a través de la manipulación de jugosos contratos en diferentes regiones del país.

Ahora bien, los beneficios judiciales que podrían tener los implicados en el proceso dependerán de la colaboración e información que entreguen a la Corte Suprema de Justicia

Esta es la fecha para la audiencia indagatoria de Castaño ante la Corte

En los últimos minutos se conoció que el despacho del magistrado Misael Rodríguez, de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, fijó para el viernes 10 de junio, a las 2:30 de la tarde, la audiencia indagatoria al congresista Mario Castaño.

De acuerdo con información de La Fm, el senador Castaño permanece detenido en el Bunker de la Fiscalía y es señalado como presunto responsable de los delitos de concierto para delinquir, interés indebido en la celebración de contratos, peculado, concusión y estafa.

Conforme con el alto tribunal, Castaño deberá demostrar retenido por las autoridades si es responsable de las acusaciones por las que se le incriminan que, de acuerdo con un documento que conoció la emisora Blu Radio, se evidencia que el congresista habría alterado el material incriminatorio con ayuda de otros individuos.

En el escrito de la Corte se menciona el ‘riesgo inminente’ de que algunos allegados al parlamentario del Partido Liberal “alteren las pruebas que están por recaudarse, y de que la comisión de algunos de los hechos investigados, tratándose de conductas que se encuentran en fase de ejecución, se consumen”, señalaron los magistrados que recordaron la estructura criminal que, supuestamente, lideraba el senador que quedó reelegido en las pasadas elecciones legislativas.

Tras su aprehensión, la Corte le advirtió a la Fiscalía que deben escuchar lo antes posible al senador para que rinda declaraciones sobre los crímenes de los que se le acusan. Con esto, se definirá si Castaño queda en libertad o, por el contrario, debe pagar una pena en la cárcel.

La Corte, por su parte, bajo la investigación del magistrado Misael Rodríguez, se evidenció que Castaño sería el jefe de una estructura criminal que delinquía en varios departamentos de Colombia como Valle, Chocó, Tolima y Risaralda. En este aparte, dice el citado medio, también incidiría en Medellín porque habría invertido en la compra de algunas viviendas.

Vale anotar que, de acuerdo con revelado en las últimas horas, el ente acusador desde marzo pasado sobre este caso, empresarios y particulares frecuentaban al congresista caldense para ser beneficiados con contratos estatales, pagados con los recursos de departamentos como el Valle del Cauca, Cauca, Tolima, Chocó y Risaralda. Al menos 50 contratos se habrían celebrado en estas condiciones.

En las reuniones, presuntamente, se ajustaban los pliegos contractuales y las condiciones exigidas en licitaciones de obras públicas en estos departamentos, para que quedaran en manos de las oferentes que el senador del Partido Liberal indicaba. Se direccionaban contratos a cambio del 10 % del valor total de cada uno. La Fiscalía tiene en su poder unas 3.500 interceptaciones telefónicas para demostrar su acusación contra el caldense y nueve sindicados más.

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