Corte Constitucional ordenó al gobierno Nacional adecuar el alcantarillado de Providencia en un plazo de 20 días

Desde el pasado 2 de junio el gobierno Nacional tiene un plazo de 20 días para llevar a cabo las obras de saneamiento básico del alcantarillado de Providencia, la segunda isla del archipiélago de San Andrés, y se eviten los vertimientos de aguas residuales en el mar Caribe, además, tendrán que entregar un balance de la reconstrucción de la isla, tras el paso del huracán Iota en noviembre de 2020.

La orden la emitió la Corte Constitucional a través de un auto de la Sala de Revisión de Tutelas que analizó la que interpuso la comunidad raizal, con apoyo del Grupo de Acciones Públicas (GAP) de la Universidad del Rosario y otras organizaciones civiles, en las que solicitaron la protección de sus derechos a la consulta previa, a la vivienda digna, a la dignidad humana y a la salud.

“El Auto consagra como primera medida que el Ministerio de Vivienda y la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres Naturales (Ungrd) identifiquen cada una de las viviendas del Archipiélago que presentan problemas de vertimiento en el ambiente de las aguas negras domésticas y que en un plazo no mayor a 20 días, se realicen las adecuaciones necesarias en las viviendas, garantizando un sistema de saneamiento básico funcional así como también una protección eficiente y efectiva al medio ambiente”, explicó María Lucía Torres, directora del GAP del Rosario.

También el Alto Tribunal dio el mismo plazo para que el Gobierno Nacional entregue un balance pormenorizado de la reconstrucción de los establecimientos, viviendas, el hospital local y de la infraestructura de la isla.

“A la fecha no existen cifras contundentes y cronogramas públicos que permitan ala comunidad raizal conocer con exactitud el proceso de reconstrucción del Archipiélago y hacer veeduría al mismo”, agregó Torres.

También en el auto de la Corte se ordena revisar los avances en el posible proceso para reconocer los territorios de Providencia y de Santa Catalina, la tercera isla del Archipiélago, como propiedad colectiva de la comunidad raizal y que se ha gestionado desde el 14 de noviembre de 2020.

Según explicaron en el GAP con este proceso se estarían equiparando los derechos de los raizales con los de otras comunidades étnicas de Colombia porque al tener el reconocimiento de propiedad colectiva ellos podrán constituir resguardos, proteger su territorio de acciones de terceros y garantizar su integridad cultural.

Finalmente, el auto tendrá que ser traducido al Creole, el dialecto de los raizales en Providencia, para enviársela a la accionante, que este caso es la líder comunitaria Josefina Huffington Archbold quien tendrá que divulgarla dentro de su comunidad.

Contraloría le pone el ojo al plan de reconstrucción

Hasta el próximo viernes 10 de junio se hará en la isla la jornada llamada “Contraloría Móvil Hasta Tu Barrio”, donde se visitan obras inconclusas, elefantes blancos e instituciones educativas.

De esta manera el ente de control le pondrá el ojo al cumplimiento de los compromisos del Plan de Acción de Emergencia para la reconstrucción de San Andrés.

En esa entidad informaron, además, que una delegación especial de la Contraloría visita desde el pasado 23 de mayo el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina para hacer control preventivo, en el marco de su estrategia Contraloría Móvil y, durante este acompañamiento, la comunidad, y especialmente las veedurías ciudadanas, han manifestado su preocupación por el estado de avance del proceso reconstrucción de las viviendas afectadas por el paso del huracán Iota.

Se debe recordar que recién ocurrió el desastre natural el presidente de la República se comprometió a reconstruir el archipiélago en 100 días.

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