790 personas habrían sido víctimas de la fuerza pública durante el paro nacional de 2021

Desapariciones forzadas, arbitrarias, así como homicidios, lesiones oculares, personales y hechos de violencia sexual son los delitos que, según un informe publicado este miércoles por el concejal Diego Cancino, habrían cometido miembros de la fuerza pública y civiles armados durante el paro nacional realizado desde abril de 2021.

El documento, titulado ‘Resistir la impunidad’, también hace un llamado por las cifras que tiene la Fiscalía General de la Nación sobre la violencia en las manifestaciones del año pasado y que le fueron entregadas al funcionario mediante derecho de petición, pues no concuerdan con los registros de organizaciones no gubernamentales como Temblores e Indepaz.

Por ejemplo, la Fiscalía tiene reporte de 151 víctimas de homicidios en todo el país durante las manifestaciones, de los cuales, 106 habrían sido cometidos por civiles armados: 87 en Cali y 12 ejecutados en tres municipios, Bugalagrande, Yumbo y Caicedonia. Además, los 45 restantes fueron ejecutados, presuntamente, por agentes de la fuerza pública, todos en Cali durante abril. Sin embargo, los datos no concuerdan con datos de oenegés.

Si bien la entidad oficial afirma que todos los homicidios que habría cometido la Policía fueron en Cali, la Campaña Defender La Libertad registró que en Bogotá se cometieron seis homicidios contra civiles durante las protestas sociales. De estos casos, cuatro habrían sido ejecutados por agentes del Esmad.

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Ahora, con respecto a los hechos de violencia sexual cometidos durante las manifestaciones, la entidad de control reportó cuatro casos -tres en Soledad (Atlántico) y otro en Cali-, en tanto que la ONG Temblores tiene en sus manos 25 denuncias por agresiones de este tipo. La Campaña Defender la Libertad tiene 18 registros, de los cuales 5 ocurrieron en Bogotá.

Desapariciones forzadas y detenciones arbitrarias

La Fiscalía tiene dos casos con 36 víctimas registrados sobre desapariciones forzadas. El primer caso, donde fueron afectadas 35 personas, está apenas en etapa de investigación, mientras que el segundo está en fase de juicio. “Llama la atención que solo hay casos registrados en el mes de abril, no hay denuncias de desapariciones forzadas en otras ciudades del país, ni cometidas presuntamente por miembros de Fuerza Pública”, apunta el informe.

Además, señala que la Corte Interamericana de Derechos Humanos también expresó su preocupación sobre las inconsistencias en las cifras registradas por las entidades oficiales.

Sobre las detenciones arbitrarias, el informe del concejal Cancino advierte que hay un conocimiento nulo de la Fiscalía sobre casos registrados en Bogotá, aún cuando la Personería tiene registros de 446 traslados hechos a manifestantes a sitios no permitidos por parte de efectivos policiales.

Los hechos datan del 28 de abril y el 4 de junio, donde la Policía utilizó los portales de Transmilenio de Suba y Américas, y dichas aprehensiones se hicieron “por motivos diferentes a los establecidos por la ley como: ‘obstrucción de vías’, ‘portar elementos para romper vidrios’ y ‘corretear patrullas de Policía’, entre otros”.

Con respecto a los registros por lesiones personales, la entidad oficial tiene reportes de 49 víctimas solamente en Bogotá, de las cuales 44 habrían sido por civiles y 5 casos cometidos por la fuerza pública. En contraste, la Campaña Defender la Libertad reportó 790 personas heridas por el accionar desproporcionado de la Policía Nacional, el ESMAD y civiles armados no identificados en Bogotá.

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Finalmente, el informe señala, a modo de conclusión, que viendo el contraste de datos entre la Fiscalía y las oenegés, hay “impunidad” tanto con los casos que no son tenidos en cuenta, como las investigaciones abiertas. Además, señala que un año después no arrojan resultados oportunos.

“Si se suman los casos que se encuentran en etapa de indagación asociada a la Fuerza Pública y a particulares, con aquellos casos en los que no se ha identificado un responsable, encontramos que el 74,1% de los casos de presuntos hechos delictivos permanecen impunes”, señala.

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