El caso por supuesta participación en política del suspendido alcalde de Medellín, Daniel Quintero, podría complicarse por cuenta de elementos que probarían que desvió recursos locales para favorecer la campaña electoral de Gustavo Petro. Además, el político antioqueño estaría usando recursos públicos para mejorar su imagen en redes sociales.
El diputado de Antioquia, Luis Peláez, asegura que tiene 390 pruebas de estos presuntos hechos y las presentó este 8 de junio ante la Procuraduría. El objetivo es ampliar la queja disciplinar contra Quintero por supuestamente haber participado en política. Además, el caso podría agravarse por presunta corrupción por parte del suspendido alcalde.
“Dinero público entregado a fundaciones, entregado a empresas o incluso a personas inexistentes para hacer campaña sucia, pero también hacer campaña a favor de cierto candidato o mejorar la imagen de Daniel Quintero en redes sociales”, dijo el diputado al ser cuestionado por la documentación.
Peláez resalta que entre el material hay contratos, fotografías, videos, certificados de las empresas que, supuestamente, contrataron y certificados de empresas que no existen. Todo esto habría beneficiado a la imagen de Quintero como a la de Petro.
El diputado señala que a través de la gerencia de comunicaciones de la Alcaldía y de Telemedellín, el canal de televisión público de la ciudad, se han entregado infinidad de contratos con el fin de mejorar la imagen. Los acuerdos serían por cuantías pequeñas, como de entre cuatro y siete millones de pesos, pero “sumados podrían llegar a 13.0000 millones de pesos”.
“Estamos hablando de utilización de recursos públicos como el canal Telemedellín, contratistas obligados a participar en política, y por eso solicitaremos los testimonios de los contratistas para que sean tenidos en cuenta dentro del proceso. Durante estos 26 días ha sido más descarada la utilización de recursos públicos en campañas, para que aumente en una posible corrupción”, dijo Peláez al diario El Colombiano.
El modus operandi del alcalde y quienes lo ayudan a entregar estos acuerdos sería buscar a influenciadores, principalmente de Twitter, y a empresas de servicios digitales, para que les haga pauta a través de redes sociales. El objetivo es que ellos difundan contenido positivo acerca de Quintero.
Por otro lado, no se descarta que se esté pagando para atacar a medios tradicionales de forma virtual. Esto tendría como objetivo que no se difundan las noticias negativas acerca del alcalde medellinense y su administración.
“Medios actualmente reconocidos, lo que hacen es banearles el contenido o trolearles, qué significa, que les merman la circulación, están cometiendo un delito y es violar la seguridad informática de los medios de comunicación”, explicó Peláez.
Sumado a los contratos entregados a través de la gerencia de comunicaciones y Telemedellín, el diputado Peláez también denunció que através de fundaciones como Medellín Imparable, ProMedellín y NT24 se estarían empleando exfuncionarios que renuncian para participar en política. En estos casos estarían involucrados el secretario de Comunicaciones, Juan José Aux, y Marcela Joya, señalada de hacer la triangulación de las redes sociales.
Así las cosas, Peláez busca que la Procuraduría amplíe otros tres meses la suspensión que pesa cobre Quintero. Esta medida posiblemente se vence el 20 de junio, pero después de esta ampliación de la queja disciplinaria, el 17 de junio sería la fecha en la que el Ministerio Público deberá definir si amplía o no la sanción.
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