En un reciente informe el CERAC, Centro de Recursos para el Análisis de Conflicto, entregó un análisis sobre el último cese al fuego que declaró el Ejército de Liberación Nacional (ELN) durante las pasadas elecciones presidenciales de primera vuelta.
El CERAC evidenció un acto violento en contra de la comunidad ríos Cajón-Torra y Taparal en zona rural del municipio de Sipí, Chocó, según el análisis de esta oenegé, esta guerrilla amenazó a los habitantes de la zona, lo que desencadenó un desplazamiento forzado el área.
“Durante el cese el fuego unilateral del ELN, CERAC registró una acción violenta atribuida a esa guerrilla en la que amenazó a las comunidades que habitan en las riberas de los ríos Cajón-Torra y Taparal en zona rural del municipio de Sipí, Chocó, el 29 de mayo. Según la Defensoría del Pueblo esa guerrilla publicó un audio en el que restringe la movilidad fluvial y terrestre”, asegura el comunicado.
También añade que “durante el periodo de 10 días del cese el fuego unilateral del ELN se registró una acción violenta que si bien no fue atribuida a un grupo armado, ocurrió en un municipio en el que desde enero de 2020 hay presencia violenta exclusiva del ELN (...) 89 indígenas de la comunidad Embera Katío se desplazaron forzosamente desde la zona rural de Carmen de Atrato, Chocó hacia la zona urbana de Medellín, Antioquia el 28 de mayo. Este es el segundo desplazamiento de indígenas de esta comunidad, el anterior ocurrió el 25 de mayo”.
Este es el segundo cese el fuego unilateral que esa guerrilla hace en lo corrido de 2022 (El primero fue realizado por los comicios presidenciales del pasado 29 de mayo), el anterior fue entre el 10 y el 15 de marzo pasado, coincidiendo con la fecha en la que se hicieron las elecciones legislativas en el país (13 marzo), durante el cual CERAC no registró acciones violentas atribuidas a esa guerrilla o combates con su participación.
“En los últimos 10 años el ELN ha hecho tres ceses el fuego unilaterales (en 2014 y en 2016) y un cese el fuego bilateral con el gobierno de Juan Manuel Santos durante tres meses entre 2017 y 2018″, afirmó el CERAC.
Este grupo indígena terminó en Medellín, y fueron a parar a la Alcaldía, donde cerca de 20 familias se instalaron en esa zona para buscar ayuda de esta administración:
William Yeffer Vivas Lloreda, personero de la Medellín, afirmó que en el principio se reportaron 150 personas, pero “finalmente, logramos recibir declaraciones relativas a 20 familias, 69 personas, entre ellos la mayoría niños y mujeres”.
Según la administración de la capital de Antioquia, las familias fueron ubicadas en un albergue que fue dispuesto por la alcaldía de Medellín, donde se encuentran otros 15 núcleos familiares que ya habían llegado a la ciudad el pasado 25 de mayo.
“Tuvimos conocimiento de un desplazamiento forzado que se presentó desde la comunidad de Carmen de Atrato, Chocó, hacia el municipio de Medellín. Se les activó ruta de atención y se encuentran en un albergue que dispuso para tal sentido la alcaldía municipal”, comentó el funcionario a Semana.
La Defensoría del Pueblo ha afirmado en el pasado que en la misma área de donde salieron este grupo de indígenas no solo hay una fuerte presencia del ELN, también se habla de organizaciones delictivas como el Clan del Golfo.
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