Posponen audiencia contra Richard Aguilar ante la Corte Suprema

A pesar de los 11 meses transcurridos entre la captura de Richard Aguilar, exgobernador de Santander y exsenador, y la fecha en la que fue convocado a su primera audiencia, la defensa del político aseguro que no ha podido realizar el estudio de las pruebas que remitió la Fiscalía, por lo que la sesión fue suspendida.

En este sentido, la audiencia preparatoria para juicio oral se llevará a cabo el 6 de julio próximo a las 8:00 a. m.

Iván Cancino, abogado de Aguilar, aseguró que si bien tenía todos los documentos, solo pudo revisar las pruebas comunes, pero el resto no le cargaron por medios digitales. Contó que para abrir las pruebas debía tener un software especial por el que debía pagar y añadió que era el colmo que la Fiscalía considere que los abogados tengan que comprar un sistema para ver los archivos, pues el ente acusador debería prever esto.

Así las cosas, el juicio no podía seguir porque todas las partes debían estar enteradas de los materiales que se expondrán en las audiencias.

Se espera que el problema técnico sea solucionado y en un mes se lleve a cabo la audiencia preparatoria.

Cabe anotar que todo este proceso casi se cancela porque Aguilar estuvo a punto de ser liberado por vencimiento de términos. La defensa del político aseguró que no se había elevado la petición de la libertad de su cliente, sin embargo, no descartó hacerlo.

Así las cosas, había una oportunidad de que el caso se cerrara, pero con la citación de la audiencia, este sigue en firme.

Hay que recordar que Aguilar está involucrado a irregularidades encontradas en seis contratos que firmó entre 2014 y 2015, cuando dirigía Santander. La Fiscalía lo acusó formalmente ante la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia desde el pasado 8 de febrero. La fiscal Mónica Jiménez, quien lleva el proceso, expuso que el político habría hecho acuerdos ilegales para favorecerse y beneficiar a terceros.

“Se hace precisamente una puntualización de los contratos. Del bloque de contratos que concretaron el acuerdo ilegal para direccional la contratación, que son seis contratos en total, cuatro de ellos que se adjudicaron, como el del PAE, y dos de ellos por los que se acusa de interés indebido que no se lograron adjudicar, pero que se direccionaron”, dijo la fiscal durante la audiencia.

El escrito de acusación de la Fiscalía señaló que mientras Aguilar fue gobernador de Santander, “habría constituido una empresa criminal para direccionar la contratación a favor de algunos de sus amigos y familiares”. En este sentido, los delitos por los que es investigado son interés indebido en la celebración de contratos, concierto para delinquir y peculado.

Se indicó que las irregularidades se detectaron en los contratos para el reforzamiento estructural del estadio de fútbol y del coliseo Vicente Díaz Romero (Bucaramanga); el mejoramiento del corredor Agroforestal y Energético de Santander y la contratación del Programa de Alimentación Escolar (PAE).

La Fiscalía recordó que en este proceso también están vinculados Julián Libardo Jaramillo Díaz, en ese entonces jefe de proyectos de la Secretaría de Infraestructura departamental, Claudia Janeth Toledo Bermúdez, quien se desempeñaba como secretaria de Infraestructura, y su esposo Lenin Pardo. Todos ellos, según el ente acusador, “llegaron a un acuerdo criminal para sacar dinero y direccionar la contratación”.

También se habla de supuestos direccionamientos de contratos en los que se investiga al excongresista, Edwin Ballesteros.

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