El Consejo Nacional de Política Económica y Social, Conpes, por medio del Documento 4089, aprobó el Plan Nacional de Política Criminal con el que se busca mejorar la coordinación de la acción del Estado para garantizar su efectividad en materia de política criminal a través de la definición de estrategias orientadas a fortalecer la capacidad institucional, garantizar los bienes jurídicos de la población y cumplir los principios generales del derecho penal.

Con esto se diseñará la hoja de ruta para la lucha frontal y articulada contra la criminalidad y sus diferentes manifestaciones delincuenciales, orientada a la protección de los derechos de quienes integran la sociedad colombiana.

1. Mejorar la capacidad de respuesta institucional del Estado para potenciar su efectividad y oportunidad a fin de reducir el homicidio.

2. Perseguir la violencia sexual y basada en género que afecta a la población más vulnerable.

3. Alcanzar mayor contundencia en la disrupción del crimen organizado.

4. Humanizar el sistema penitenciario y carcelario garantizando la efectiva resocialización.

5. Prevenir el uso y la participación de niños, niñas y adolescentes en actividades criminales.

6. Combatir el crimen en sus diferentes manifestaciones.

7. Atacar particularmente el fenómeno de la corrupción y sus efectos.

Esta política será ejecutada en cuatro años y cuenta con una asignación de recursos estimativa en 42.895 millones de pesos.

La ejecución de los compromisos del plan de acción y seguimiento se realizará de manera conjunta por parte de las entidades que conforman el CSPC y con el liderazgo de aquellas que desarrollan acciones particulares en algunas de las etapas de la política criminal.

En tal sentido, las entidades partícipes del documento son el Ministerio de Justicia y del Derecho, el Ministerio de Educación, el Departamento Nacional de Planeación, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios, la Policía Nacional, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, el Consejo Superior de la Judicatura, la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría General de la Nación, la Defensoría del Pueblo y el Congreso de la República.

En el Documento 4089, que consta de 88 páginas, se señala que para garantizar la efectividad del Estado en materia de persecución penal y aumentar los resultados, es necesario adoptar nuevas técnicas de investigación, generación y análisis de datos.

En ese sentido, entre 2022 y 2025, la Policía Nacional y el Ministerio de Justicia y del Derecho desarrollarán una plataforma tecnológica para la integración de bases de datos y analítica que permitan producir documentos de análisis que sirvan de insumos para la toma de decisiones de manera oportuna.

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