El pasado 1 de junio, en entrevista con La W, Rodolfo Hernández dio a conocer los planes que tiene de cara a la segunda vuelta de las elecciones presidenciales. Sin embargo, también aprovechó para referirse al caso Vitalogic, por el cual es señalado de presunta celebración indebida de contratos.
Y aunque es de público conocimiento que la Fiscalía General de la Nación continúa investigando la posible comisión del delito, el candidato presidencial negó el proceso.
“Yo no tengo una investigación, le están diciendo mentiras (…) el objetivo concreto era sacarme de la alcaldía porque les quité la chequera, no les dejé robar. El procurador se prestó a favor de la clase politiquera de suspenderme cinco veces”, aseveró en dicha conversación.
Estas palabras no sentaron nada bien en el Sindicato Nacional de Empleados y Trabajadores de la Fiscalía (subdirectiva Santander), desde el cual se emitió un comunicado en el que sus integrantes le piden a Hernández no negar ni “distorsionar la realidad y contexto general” del caso por el que es investigado.
De igual manera, en el pronunciamiento la organización asegura que lo dicho por el aspirante a la presidencia atenta “contra la dignidad humana y la independencia de la justicia”.
“Trata de forma descortés y no digna de un aspirante a tan alta magistratura, al titular del despacho de Fiscalía, Jorge Villamizar, quien adelanta su caso”, agregó el sindicato.
Por último, le ordena a Rodolfo Hernández que rectifique sus palabras y le exponga a todo el pueblo colombiano la verdad sobre el proceso que se adelanta en su contra.
“Exigimos al candidato presidencial que se retracte públicamente de lo dicho, pues no solo le falta al respeto a la Fiscalía, sino a la ciudadanía en general, porque pone en tela de juicio la labor dignificante de esta institución, y que reconozca públicamente que ya fue imputado, acusado y residenciado en juicio”, concluye el comunicado.
¿Qué es el caso Vitalogic y por qué se investiga?
Todo se remonta al año 2016, cuando se firmó un contrato entre dos reconocidos personajes de Bucaramanga y Hernández era el alcalde de la ciudad: Jorge Hernán Alarcón Ayala, quien se desempeñaba como contratista; y José Manuel Barrera Arias, gerente de la Empresa de Aseo Municipal de Bucaramanga (EMAB).
El motivo de la firma del contrato tenía directa relación con la crisis sanitaria que tenía la capital santandereana, por el manejo de las basuras en el relleno sanitario El Carrasco. Sin embargo, cabe aclarar que la problemática no surgió directamente en la administración de Hernández, pues era una situación que vivían los bumangueses desde hace varios años y fue una de las propuestas de mejora que prometió el ahora candidato presidencial.
Mediante José Manuel Barrera Arias, gerente de la EMAB, contrató a Jorge Hernán Alarcón Ayala por una cifra que alcanzaba los $344 millones de pesos. Además, meses después apareció Luis Carlos Hernández, hijo del Rodolfo, quien trabajaba con Vitalogic y se presentó para un concurso de licitación en torno a este tema.
“Se evidenció que Hernández Oliveros, junto con Luis Andelfo Trujillo y Carlos Gutiérrez, suscribieron un documento de corretaje que les permitía cobrar una comisión si la Empresa de Aseo de Bucaramanga (EMAB S.A. E.S.P.) celebraba un negocio jurídico con quienes promovían la tecnología”, puntualizó la Procuraduría.
También se suma una serie de pruebas que aporta nuevamente la Procuraduría, en las que destacan: “Conversaciones de Whatsapp de las personas que lo suscribieron y en las cuales Hernández Oliveros refiere que comentaba con su padre aspectos de la licitación que luego eran informados a los participantes y sobre las reuniones del alcalde sostenidas con los representantes de WastAway en Colombia, José Manuel Hormaza, Florin Volcinschi y Héctor Hernando Baquero, en particular los días 22 de abril y 24 de julio de 2016″.
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