El juicio formal contra el exgobernador de Santander y exsenador Richard Aguilar, por haber incurrido en actos de corrupción, comenzará este martes 7 de junio a partir de las 8 a. m. Las autoridades indicaron que se realizará una audiencia preparatoria para juicio oral y así empezar a aclarar las irregularidades encontradas en seis contratos firmados por el político entre 2014 y 2015, cuando dirigía Santander.
Esta primera audiencia se convocó a escasos días de que el proceso pudiera cerrarse por vencimiento de términos. Desde el pasado 22 de mayo se había advertido el estancamiento del caso y, por esto, Aguilar, quien está detenido desde el 28 de julio del año pasado, podía salir en libertad.
Cabe anotar que, a pesar de esta especulación, Iván Cancino, abogado de Aguilar, aseguró que no se había elevado la petición de la libertad de su cliente, sin embargo, no descartó hacerlo.
“No la hemos estudiado todavía, no hay una solicitud por parte de la defensa. Obviamente no se descarta pero de momento no hemos solicitado ninguna audiencia en ese sentido”, dijo el abogado Iván Cancino, en testimonios rescatados por Caracol Radio el pasado 22 de mayo.
Así las cosas, había una oportunidad de que el caso se cerrara, pero con la citación de la audiencia, este sigue en firme. Incluso, la Fiscalía confirmó que hay novedades en el proceso, relacionadas con tres implicados que ya fueron imputados.
“Un fiscal de la Dirección Especializada contra la Corrupción presentó ante un juez de control de garantías a la representante suplente de la unión temporal que asumió el contrato, Paula Martínez, y a las contratistas Xiomara Suárez y Julián Ulloa, a los procesos les fue imputado falsedad ideológica en documento privado, adicionalmente a la señora Suárez Gómez le fue imputado el delito peculado por apropiación a favor de terceros”, indicó Eduar Alirio Calderón, director especializado de la Fiscalía contra la Corrupción.
En cuánto a Aguilar, la Fiscalía lo acusó formalmente ante la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia desde el pasado 8 de febrero. La fiscal Mónica Jiménez, quien lleva el proceso, expuso que el político habría hecho acuerdos ilegales para favorecerse y beneficiar a terceros.
“Se hace precisamente una puntualización de los contratos. Del bloque de contratos que concretaron el acuerdo ilegal para direccional la contratación, que son seis contratos en total, cuatro de ellos que se adjudicaron, como el del PAE, y dos de ellos por los que se acusa de interés indebido que no se lograron adjudicar, pero que se direccionaron”, dijo la fiscal durante la audiencia.
El escrito de acusación de la Fiscalía señaló que mientras Aguilar fue gobernador de Santander, “habría constituido una empresa criminal para direccionar la contratación a favor de algunos de sus amigos y familiares”. En este sentido, los delitos por los que es investigado son interés indebido en la celebración de contratos, concierto para delinquir y peculado.
Se indicó que las irregularidades se detectaron en los contratos para el reforzamiento estructural del estadio de fútbol y del coliseo Vicente Díaz Romero (Bucaramanga); el mejoramiento del corredor Agroforestal y Energético de Santander y la contratación del Programa de Alimentación Escolar (PAE).
La Fiscalía recordó que en este proceso también están vinculados Julián Libardo Jaramillo Díaz, en ese entonces jefe de proyectos de la Secretaría de Infraestructura departamental, Claudia Janeth Toledo Bermúdez, quien se desempeñaba como secretaria de Infraestructura, y su esposo Lenin Pardo. Todos ellos, según el ente acusador, “llegaron a un acuerdo criminal para sacar dinero y direccionar la contratación”.
También se habla de supuestos direccionamientos de contratos en los que se investiga al excongresista Edwin Ballesteros.
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