Grupos armados causan aumento de desplazamiento intraurbano en Medellín: informe de la Personería

Al menos 1.815 personas tuvieron que abandonar el territorio en comunas y corregimientos del área metropolitana de Medellín durante el año 2021 por no pedir permiso a grupos armados para comprar productos o por negarse a obedecerlos para tener sostener relaciones sexuales o sentimentales con sus miembros. Así lo denunció la Personería en el informe de derechos humanos para el 2021 que fue presentado ante el Concejo.

De acuerdo con el informe, de enero a noviembre de 2021 se recibieron 716 declaraciones en toda la ciudad correspondientes a 1.815 personas que fueron expulsadas del territorio. El 63 % de esos desplazamientos se concentra en las comunas 1, Popular; 13, San Javier; 8, Villa Hermosa; 7, Robledo; 3, Manrique; 16, Belén y en el corregimiento de San Cristóbal, “solo entre ellos se suman 420 declaraciones (59% del total) con 1.141 personas expulsadas”.

Aunque durante 2020 hubo más declaraciones (748), representaban menos personas 1.649 expulsadas de manera violenta. Lo que representa un incremento, según las autoridades, del 15 % y se presenta principalmente en las comunas de San Javier, Robledo, Popular, Villa Hermosa, Belén y el corregimiento de San Cristóbal.

Estos territorios, de acuerdo con el informe, comparten diversas características, como tener presencia de Grupos Armados Organizados o Grupos de Delincuencia Organizada, estar formados por sectores socioeconómicos bajos y tener una ocupación irregular que no corresponde a un proceso urbanístico consolidado; además, cuentan con baja presencia institucional.

Uno de los casos que más ha llamado la atención es del corregimiento de San Cristóbal. Este tuvo un aumento de 140 % durante el año 2021, cuando 106 personas fueron expulsadas de manera violenta. Así mismo ocurrió en el corregimiento de San Antonio de Prado que aumentó en un 95% en comparación con el año 2020 con 16 declaraciones y 47 víctimas.

Las causas identificadas por los investigadores de la Personería son variadas y pueden confluir varias en los territorios. Por ejemplo, en ocasiones los grupos armados interfieren como mediadores en disputas familiares y sus soluciones son obligar a alguna persona a abandonar el territorio por un tiempo determinado.

También se ha identificado que los delincuentes directamente o a través de terceros se apropian de terrenos privados, los lotean y los ponen a la venta o los construyen. Luego obligan a alguien del barrio adquirir el inmueble ofertado, pero cuando los dueños reclaman o intentan denunciar, los expulsan.

En otros casos el desplazamiento ocurre como forma de protección, en ocasiones para evitar el reclutamiento forzado, así como en casos en que miembros de las organizaciones delincuenciales pretenden obligar a alguna persona a sostener relaciones sentimentales o sexuales con ellos. En algunos casos, las familias prefieren abandonar el territorio.

El personero delegado John Jaramillo, durante la presentación del informe, detalló que también hay casos de extorsiones presentadas como “cuotas de seguridad”, así como el control que tendrían algunas mafias como, por ejemplo, en el lavado de vehículos en los que establecen quiénes pueden realizar la labor y quienes no obedezcan son expulsados.

Durante el 2021 también se identificó que “en Medellín no es seguro ser defensor o líder de derechos humanos”, aseguró el personero delegado. De 2018 a 2021 116 personas fueron amenazadas o desplazados y, de ellas, 41 solo en 2021, lo cual se presentó en el corregimiento San Cristóbal y las mismas comunas afectadas. Las causas vuelven a estar sobre grupos armados y bandas delincuenciales que hacen presencia en esos territorios.

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