FLIP: actores políticos tienen responsabilidad en la violencia en línea contra mujeres periodistas

La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) aseguró que en Colombia actores políticos tienen responsabilidad en la violencia ejercida en contra de las mujeres periodistas. La entidad celebró en un comunicado de prensa la decisión del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que reconoció ese patrón en contra de la prensa femenina.

Según la FLIP, todo empezó en octubre 2020 después de que interpusieran una acción de tutela en representación de nueve comunicadoras. “Se exponía el problema de la violencia en línea contra mujeres periodistas por parte de actores políticos”, indicó la fundación y recordó que esas acciones tuvieron un impacto negativo sobre la libertad de expresión e inhibieron la participación de las periodistas.

“Indistintamente de su origen y de sus líneas editoriales, todas sufrieron ataques en línea que fueron difundidos y alentados por líderes políticos”, manifestó la FLIP. Los comentarios compartidos en redes sociales buscaban desacreditar su trabajo y fueron avalados por la “pasividad de movimientos y partidos políticos”. Además, le atribuyó responsabilidad al Consejo Nacional Electoral (CNE) al no adoptar medidas para “sancionar y excluir este tipo de violencia”.

Con la decisión del tribunal del pasado 26 de mayo, la FLIP destacó que ahora el CNE y los Comités de Ética pueden sancionar a los partidos y movimientos políticos “por utilizar o permitir este tipo de violencia para el ejercicio de la participación política y electoral”. La entidad también los exhortó a adoptar los correctivos pertinentes para cesar estas acciones.

Con el fallo del tribunal, la FLIP resaltó cinco determinaciones:

1. Reconoce que la violencia en línea es un fenómeno que, de forma creciente, afecta la privacidad y seguridad de las mujeres periodistas. El tribunal reconoció que esta violencia en línea se produce mediante el “uso inadecuado e irresponsable de las redes sociales, especialmente en el ejercicio de la actividad política”.

2. Las agresiones en línea siguen un patrón en donde los comentarios de líderes y figuras políticas son determinantes en su amplificación.

3. Aclara la ruta para denuncias los actos de violencia de actores políticos: si bien no existe un mecanismo especial, la ciudadanía y la prensa puede reportar el hecho a través de un derecho de petición en los Comités de Ética y el CNE.

4. Establece que el CNE y los Comités de Ética tienen competencia para sancionar a partidos y movimientos políticos y a sus afiliados. “Deben adoptar un papel más proactivo en aras de prevenir y sancionar la incitación de la violencia en línea en ejercicio de la actividad política”, señaló la FLIP.

5. Dispone diversas medidas para prevenir que las redes sociales de miembros y afiliados a partidos políticos, se conviertan, amparados en una falsa legitimación del ejercicio de la actividad política, en instrumentos de violencia contra la mujer periodista.

Si bien para la FLIP la decisión sienta las bases para abordar este fenómeno de violencia que “pone en riesgo la participación de las mujeres en espacios públicos y la vida democrática”, la Corte Constitucional será la entidad encargada de revisar el caso. “Esperamos que dé lineamientos concretos para que partidos, movimientos políticos y las autoridades electorales respondan de forma concreta a las necesidades actuales”, agregó.

La fundación afirmó que, además del componente de género, “existe un riesgo de uso de discurso de odio y una narrativa negativa contra la prensa”, la cual también es impulsada por líderes políticos y funcionarios públicos. Por eso, “resulta urgente que se adopten medidas” para cumplir con el derecho a la prensa libre y que se den las condiciones óptimas para la participación libre de violencia.

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