La JEP estudiará nuevamente la posibilidad de aceptar la participación de más víctimas en las audiencias de las extintas Farc

En el mes de mayo las víctimas presentaron una acción de tutela ante la JEP porque consideran que quedaron excluidas del perdón de las Farc en las próximas audiencias

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Las víctimas presentaron la tutela
Las víctimas presentaron la tutela para solcitar una participación más amplia en las audiencias de reconocimiento de las exFarc. Isabel Valdes Arias (JEP)/via REUTERS ATENCIÓN EDITORES - ESTA IMAGEN FUE PROPORCIONADA POR UN TERCERO. CRÉDITO OBLIGATORIO

La Jurisdicción Especial para la Paz estudiará nuevamente la posibilidad de que las víctimas tengan una participación más amplia durante las audiencias de reconocimiento. En estas audiencias se espera que la extinta guerrilla reconozca y pida perdón por ‘El Caso 01′, como ha denominado la JEP a los casos de secuestro perpetrados por la guerrilla de las Farc durante sus años de actividad.

La tutela fue presentada en el pasado mes de mayo por parte de las víctimas que aseguran al momento de presentar la tutela que: “los mecanismos de selección son excluyentes, discriminatorios y carecen de sustento legal”. En total, son un grupo de 21 personas que esperan participar en las audiencias en las que el secretariado de la exguerrilla de las Farc reconocerá los secuestros perpetrados y pedirá perdón por los daños causados a raíz de estos secuetros.

Las audiencias inicialmente estaban planeadas a desarrollar en los días 2, 6 y 8 de junio, pero la Sala de Reconocimiento de la Verdad de la JEP ordenó aplazar las audiencias de reconocimiento público del secretariado de las exFarc “por moticos de seguridad”. La decisión se toma después de información suministrada por los miembros de las exFarc el pasado 31 de mayo, en la que se concluye una posible amenza o riesgo de la vida de los comparecientes. Así las cosas, las audiencias quedaron fiajadas para los días 21, 22 y 23 del presente mes de junio.

Aunque en la justicia ordinaria las audiencias son públicas, es válido precisar que las audiencias desarrolladas por la JEP son privadas, así lo contempla desde un principio las normas que le dan origen a este mecanismo de justicia transicional, luego del Acuerdo de Paz firmado en 2016.

Es por esta razón que las víctimas se sienten exlcuidas no solo de la oportunidad de scuchar a los exmiembros comparecientes, sino que les límita la posibilidad de expresarse como víctimas reconocidas por la JEP. Ante este argumento de las víctimas, la primera consideración de la Sección de Revisión del Tribunal para la Paz señaló que la Sala de Reconocimiento de Verdad: “no sólo ha cumplido con sus obligaciones dentro del marco legal que fue definido por el legislador, sino que, ha excedido su deber de garantizar la asistencia a la audiencia, procurando ampliar la participación de las víctimas y lograr la mayor representatividad de los diferentes vejámenes sufridos por estas en el marco de las conductas del Caso 01″.

De esta manera la Sección de Revisión de la Jurisdicción Especial para la Paz negó la tutela que las víctimas demandaron. En la tutela, las víctimas en realidad alegan el mecanismo que utilizó la Sala de Reconocimiento para seleccionar a las personas que intervendráan en la audiencia de reconocimiento del secretariado de las exFarc respecto a los secuestros perpetrados durante los años de actvidad de la exguerrilla.

Tras la negación de la tutela, las víctimas impugnaron esta decisión y es así como logran que nuevamente la JEP estudie la posibilidad de que haya una mayor representatividad por parte de las víctimas.

Lo que argumenta la JEP, a través de sus magistrados, es que se seleccionaron a las víctimas según cada patrón que encontró la JEP en los secuestros cometidos por la extinta guerrilla. A pesar de esto, las víctimas que hoy no podrían entrar a la audiencia esperan que sean consideradas y así estar presentes en el desarrollo de las audiencias.

Los secuestros cometidos por la exguerrilla eran usados como estrategia de intercambio por guerrilleros presos o para controlar a la población civil.

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