Juzgado de Malambo ordenó el traslado de Emilio Tapia a la cárcel El Bosque de Barranquilla

En las últimas horas se conoció que el Juzgado Primero Promiscuo Municipal de Malambo (Atlántico) le ordenó al Inpec trasladar, en un plazo no mayor a 72 horas, a la cárcel El Bosque de Barranquilla a Emilio Tapia.

La decisión del juzgado se dio al dar respuesta a una acción de tutela que interpuso Natalia Morales Alzayus, pareja sentimental de Tapia, y sus dos hijos menores de edad, alegando que se les había “vulnerado sus derechos a la unidad familiar, igualdad y dignidad humana”, con la decisión de trasladar a Tapia a la Cárcel de Picaleña, en Ibagué, que habría causado un “extremo distanciamiento físico”.

El juzgado de Malambo, en su decisión, argumentó que el Inpec nunca justificó plenamente el traslado de Tapia y que solamente se ordenó el cambio de reclusión después del escándalo por los permisos irregulares que había recibido el empresario Carlos Mattos, su compañero de patio.

De acuerdo con la argumentación del juez, jamás se manifestó que Tapia estuviera inmerso en irregularidades dentro del plantel carcelario, ni hubiese cometido actos de indisciplina.

En el fallo se puede leer que se le concedieron las pretensiones de la pareja de Tapia luego de “un estudio acucioso de las razones o sustento de los oficios negatorios de traslado solicitados al Inpec por el accionante”. Se concluyó que la motivación de traslado “es insuficiente teniendo en cuenta que únicamente se sustenta con razones de seguridad” y jamás se delimitó si estaban relacionadas con el interno, la comunidad carcelaria o algún funcionario.

El documento también señaló que el Inpec en ningún momento emitió un pronunciamiento “respecto del derecho al arraigo familiar. Aun cuando el traslado del hoy accionante, según lo indicado, responde a objetivos legítimos, no indica el motivo por el cual se le ubica en un lugar de detención que a la postre, genera más distancia y lejanía de su núcleo familiar”.

Finalmente, se advirtió que el Inpec no consideró otras alternativas como la de trasladarlo a un centro carcelario cercano al punto de arraigo de su núcleo familiar, máxime considerando que “este está integrado por dos menores de edad e ignorando la repercusión que pudiera recaer sobre ellos”.

A continuación se puede leer el fallo en su totalidad:

Ayer jueves 2 de junio, se conoció que la Fiscalía le cerró, de manera definitiva, la puerta a Emilio Tapia para que encendiera el ventilador sobre el millonario desfalco del caso Centros Poblados, el cual se basó en el incumplimiento de un contrato cuyo valor fue de 70 mil millones de pesos para proveer internet a varias zonas rurales del país.

De acuerdo con lo que había dicho el zar de la contratación, contaría cómo se planeó el fraude que significó aquel contrato, así como los nombres de quienes estaban involucrados con este caso; sin embargo, fue notificado de la anulación del principio de oportunidad al no encontrar una ‘colaboración efectiva’ con la justicia.

Vale mencionar que cuando se conoció ese escándalo y el hecho de que tras el desfalco estaba el consorcio empresarial conformado por Omega Buildings Constructora S.A.S, ICM Ingenieros S.A.S. e Intec de la Costa S.A.S; también las autoridades detectaron que fue Emilio Tapia, quien a través de la elaboración de pólizas falsas, logró quedarse con la licitación del millonario contrato.

Con su captura, Tapia se convirtió en el principal informante de este caso, de hecho, al ver las presiones de la Fiscalía, este se había comprometido a contar toda la verdad sobre el entramado, con el fin de ser cobijado bajo el principio de oportunidad.

Esta maniobra ya la había realizado cuando estalló el carrusel de la contratación en Bogotá. El cordobés era uno de sus protagonistas, convirtiéndose con esto en el principal colaborador para dar con quienes estaban detrás del desfalco más grande que ha tenido la capital colombiana. Esto le sirvió para recuperar la libertad rápidamente, pero volvió a caer con el escándalo de Centros Poblados.

Para la Fiscalía, el corrupto empresario no cumplió el compromiso de ‘prender el ventilador’, y a pesar de que fue escuchado por varios días, no aportó la suficiente información requerida para avanzar con las investigaciones.

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