Estado colombiano considera improcedente la solicitud de medidas cautelares a la CIDH: Cancillería sobre destitución de Daniel Quintero

Hoy viernes 3 de junio el Estado colombiano respondió a la petición de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de ampliar la información sobre la destitución del alcalde de Medellín, Daniel Quintero, ante su solicitud de medidas cautelares para regresar la alcaldía de la capitial antioqueña.

La respuesta del Estado ante la Secretaría Ejecutiva de la CIDH estuvo en manos de una delegación que lideró la vicepresidenta y canciller, Marta Lucía Ramírez, que consideró improcedente la solicitud de Quintero.

En la reunión entre la delegación colombiana y la CIDH, la canciller Ramírez destacó “la compatibilidad de las funciones de la Procuraduría General de la Nación en las investigaciones por faltas disciplinarias cometidas por un servidor público, con las obligaciones internacionales del Estado y con la existencia de recursos procesales adecuados y efectivos en Colombia” señalaron desde la Cancillería en un comunicado.

A reglón seguido, se aclaró que tanto el alcalde Quintero, como cualquier otro funcionario, tienen a su disposición recursos procesales para resolver cualquier controversia que se haya derivado de las actuaciones de las autoridades disciplinarias a nivel nacional, sin embargo, en el comunicado no se especificaron cuáles eran estos recursos.

Siguiendo esta línea argumentativa, la canciller Ramírez desestimó la solicitud de Quintero pues “se demostró la improcedencia de las medidas cautelares solicitadas y, por tanto, de la activación de la competencia de este órgano internacional en el presente asunto”.

Durante la reunión, la delegación colombiana, enfatizó la promoción de la garantía de los derechos políticos de los ciudadanos, “no puede significar el debilitamiento del diseño institucional, ni del marco jurídico existente en el país y en la región, para adelantar el control eficaz y transparente a la función pública, como condición esencial para garantizar la solidez democrática y el consiguiente respeto y promoción de los derechos humanos”.

Así mismo, el equipo liderado por Ramírez expuso las acciones que el Estado ha ejecutado para proteger la seguridad personal y familiar, así como el acceso a la justicia de Quintero Calle.

Además, enfatizó “en el carácter motivado de la suspensión provisional dentro del proceso disciplinario, demostrando que lejos de existir algún escenario de persecución en contra del señor Quintero, en la presente contienda electoral se han adoptado idénticas medidas, al menos en el caso de otros cuatro funcionarios públicos, con diversas posturas políticas”.

Vale recordar que la reunión entre la delegación liderada por la canciller Ramírez y la Secretaría Ejecutiva de la CIDH se da en el plazo de 10 días hábiles que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos le dio al Estado colombiano para responder a su petición de ampliar la información sobre la destitución del alcalde de Medellín.

Esta solicitud se dio a través de una carta de dos páginas, en la que se argumenta que el objetivo de acceder a datos adicionales es poder estudiar las medidas cautelares solicitadas por Daniel Quintero para volver al cargo como alcalde de la capital antioqueña.

Entre la información que solicitó la CIDH está entregar un informe actualizado respecto del estado procesal, tanto de la indagación disciplinaria, como de la acción de tutela interpuesta a favor de Quintero. Se deberá anexar el soporte documental correspondiente y precisar el marco normativo interno aplicable.

Así mismo, la CIDH pidió “brindar información individual y detallada de la situación de riesgo” que viven Quintero y su familia. En particular, se pidió, mediante un relato detallado, cronológico e individualizado, señalar las circunstancias de tiempo, modo, lugar y autoría de los eventos de riesgo a los que ha estado expuesto el mandatario a partir de febrero de 2022. De ser posible, también se pidió aportar el correspondiente soporte documental como audios, fotografías, capturas de pantalla, documentos, panfletos, etc.

Por último, la Comisión solicitó conocer si Quintero ya había denunciado los hechos alegados a las autoridades y saber si había solicitado medidas de protección a nivel interno. De ser el caso, aportar el respectivo soporte documental. También, se deberá informar “de manera precisa” sobre la conformación del esquema de protección, así como detallar la efectividad e idoneidad de este.

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