CIDH revela incumplimiento de Colombia para brindar información sobre miembros de la fuerza pública investigados por abusos

Este jueves la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) publicó su Informe Anual 2021, un documento que contiene la situación de derechos humanos en la región y presenta los avances y desafíos en este tema. “El Informe Anual contribuye con la implementación de los estándares interamericanos que transforman la vida de las personas y el quehacer de las instituciones públicas de los países de la región”, señaló la presidenta de la CIDH, Julissa Mantilla Falcón.

El documento está compuesto por seis capítulos. El quinto, se centra en el informe temático sobre verdad, justicia y reparación en Colombia y en el seguimiento de las recomendaciones formuladas por la Comisión Interamericana a los Estados de Honduras y México.

Respecto a Colombia, la comisión considera que durante el último año se continuó presentando una serie de desafíos en materia de derechos humanos, destacando temas vinculados a la seguridad ciudadana, el incremento del desplazamiento forzado, confinamiento y las vulneraciones que estos delitos ocasionan en la víctimas. Al respecto, la CIDH observó esta concentración de la violencia en ciertos territorios del país, por una limitada presencia del Estado colombiano.

Registros de la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) dan cuenta de que en Colombia en los últimos doce meses se presentaron 66 masacres en todo el territorio nacional, “una cifra que podría verse incrementada cuando estén finalizados los procedimientos de verificación sobre otros hechos en estudio”, se lee en el informe de la CIDH.

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En 2021 la CIDH le hizo 41 recomendaciones a Colombia tras una visita en la que investigó los hechos de violencia que se presentaron en las movilizaciones sociales, unas protestas mayoritariamente pacíficas que dejaron más de dos docenas de muertos.

En relación a este punto, la CIDH le había solicitado al Estado colombiano informes institucionales para esclarecer los hechos en los cuales se vieron involucrados miembros de las fuerza pública comprometidos en casos de violaciones a los derechos humanos y del derecho internacional humanitario, para que sean suspendidos del servicio activo, hasta tanto se emita una decisión final en los procesos disciplinarios o penales que se tramiten. Sin embargo, la CIDH indicó que el Gobierno de Iván Duque no envió información al respecto.

“La Comisión considera incumplida esta recomendación y hace un llamado al Estado para investigar diligentemente todos estos hechos, sancionar a los autores materiales e intelectuales de los mismos y suspender del servicio activo a los agentes de seguridad investigados por violaciones a los derechos humanos”, aseguró este órgano de la OEA.

Otro de los seguimientos que hace la CIDH al Estado colombiano es el cumplimiento del Acuerdo Final de Paz firmado en 2016 con la extinta guerrilla de las Farc.

En cuanto al punto sobre la Reforma Rural Integral, la CIDH tomó nota de los datos del Censo Agropecuario (CNA) de 2014, en los que se señala que cerca de 1,4 millones de familias campesinas, quienes producen el 50 % de los alimentos que se consumen en el país, acceden a 1,5 millones de hectáreas correspondientes al 4,8 % de la tierra productiva de Colombia, mientras que el 1 % de los grandes propietarios poseen el 42,6 % de las hectáreas rurales.

Frente a la persistente violencia estructural en Colombia, expresada en asesinatos, masacres, atentados contra la vida e integridad personal, señalamientos, confinamiento, desplazamientos forzados, que enfrentan las comunidades étnicas, la CIDH le hizo un llamado al Estado colombiano para desarrollar una batería de acciones, de forma concertada con las comunidades étnicas, que pueda mitigar la violencia estructural en el país.

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