El pasado 27 de mayo la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) realizó una audiencia pública en Norte de Santander en la que buscaba informar sobre la propuesta de modificación del Plan de Manejo Ambiental (PMA) del Programa de Erradicación de Cultivos Ilícitos mediante Aspersión Aérea con el herbicida Glifosato (PECIG), para el núcleo que comprende los municipios de San José de Cúcuta, El Zulia y Sardinata.
Según la autoridad ambiental, desde marzo de 2020 convocó y lideró unas mesas técnicas alrededor de aspectos socioeconómicos, físicos y bióticos, con universidades, las Corporaciones Autónomas Regionales (CAR) e institutos de investigación, entre otros, para realizar los ajustes a este plan.
Una de las organizaciones presentes en la audiencia pública fue el centro de estudios jurídicos y sociales Dejustica, el cual se dedica a diferentes acciones de investigación, litigio e incidencia en distintos temas, entre ellos el medioambiental.
Por medio de un comunicado, Dejusticia presentó tres argumentos en contra de la aprobación de la modificación del PMA enseñado por la ANLA. El primer punto que destacó es que el procedimiento de aprobación de la modificación del Plan de Manejo Ambiental no ha garantizado la participación ambiental. “Esta participación tiene que ser informada, adecuada, de doble vía, y tener realmente la posibilidad de incidir en la decisión sobre la aprobación de la modificación”.
En este mismo punto, expresó que también debe ser una participación reforzada para las comunidades que se verían afectadas por la actividad. “No obstante, estas carecen de información y canales adecuados de participación para que puedan presentar sus opiniones e inconformidades”, recalcó en su primer argumento.
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Una de las modificaciones propuestas por la ANLA es aprobar las actividades de las aspersiones aéreas con glifosato en los campos de cultivos ilícitos. Ante este punto, Dejusticia señaló que, “se debe informar de forma veraz y completa los riesgos que puedan generarse y la forma de gestionarlos o evitarlos”.
Sin embargo, también destacó que en el procedimiento actual del PMA se demuestra que existen riesgos de que no se está informando de forma veraz y completa a la población. “Los estudios sobre el efecto que deriva demuestran un grave riesgo por residuos de glifosato en otras poblaciones, cuestión que la ANLA en su proyecto, no informa de manera adecuada”, se puede leer en el comunicado.
El tercer argumento que presenta el centro de investigación se basa en que existen numerosos interrogantes sobre el funcionamiento del procedimiento de licenciamiento ambiental del Plan de Manejo Ambiental General y su relación con los eventuales Planes de Manejo Ambiental Específicos para los municipios del núcleo de Norte de Santander.
“Desconocemos las razones por las que no existe un licenciamiento completo para la actividad de las aspersiones con glifosato como proyecto, tal como ocurrió durante el procedimiento de licenciamiento en 2020″, argumentó Dejusticia en su comunicado.
Por esas razones, explicó Dejusticia que solicita que no se apruebe la modificación dado que no cumple con las exigencias en materia de licenciamiento ambiental, en atención a lo dispuesto en el Decreto 1076 de 2015, tampoco cumple con las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en su Sentencias T-236 de 2017 y T-413 de 2021, y además, manifiesta la violación de los derechos fundamentales al debido proceso, la participación ciudadana ambiental y al acceso a la información pública para la efectiva incidencia de la ciudadanía en las decisiones del Estado.
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