El exrepresentante a la Cámara por el Magdalena Roberto José Herrera Díaz tenía una orden captura por los delitos de concierto para delinquir, tráfico de influencias y enriquecimiento ilícito. El pasado 31 de mayo, el excongresista se entregó a la justicia y la Corte Suprema de Justicia, entidad que lleva el caso, le impuso medida de aseguramiento en establecimiento carcelario.
La orden de captura en contra de Herrera fue dictada el pasado 5 de mayo; sin embargo, solo pudo ser ejecutada hasta que el señalado se entregó. Los cargos en su contra están relacionados con su gestión mientras era aforado ante algunas entidades del Gobierno: Invías, Fonade, Coldeportes o el Ministerio de Vivienda.
El exrepresentante obtuvo recursos ante esas instituciones con el fin de financiar proyectos de infraestructura en los departamentos de Magdalena y Bolívar. La Sala de Instrucción detalló que habría recibido comisiones, bienes y hasta pagos de deudas de los contratistas para que los beneficiara en los procesos de las entidades. Los hechos ocurrieron entre el primer semestre de 2012 y el segundo de 2016, mientras Herrera hacía parte de la colectividad Alas Equipo Colombia.
Los magistrados de la Sala de Instrucción determinaron que las indagaciones cumplen los requisitos para imponer en su contra la medida de aseguramiento en un establecimiento carcelario. La Corte manifestó que el excongresista representa un peligro para el proceso penal, pues podría entorpecer la recaudación de pruebas. Por el momento se desconoce cuál es la pena que cumpliría Herrera en tal caso de ser hallado culpable.
De hecho, el exrepresentante no es el único funcionario que se entregó por un caso de corrupción en las últimas 24 horas. Andrés Jaramillo, vinculado al carrusel de la contratación, se presentó ante las autoridades este 1 de junio.
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El caso de Andrés Jaramillo
Jaramillo fue señalado por la Sala Penal del Tribunal Superior de haber incurrido en cohecho por dar u ofrecer, e interés indebido en la celebración de contratos. Esto, teniendo en cuenta que se comprometió a financiar las campañas electorales de tres concejales capitalinos para que, al ser elegidos, le adjudicaran proyectos a su favor.
Después de presentarse ante la justicia, el ejecutivo deberá cumplir una condena de ocho años y cuatro meses de prisión. Además, tendrá que pagar una multa de 125 salarios mínimos vigentes y 102 meses de inhabilidad de derechos y funciones públicas.
La investigación contra Jaramillo señala que en abril de 2010, Conalvías suscribió con el distrito un contrato por un valor inicial de 43.515 millones de pesos, el cual recibió dos adiciones que superaron los 21.000 millones de pesos. Además, terceras empresas entregaron 1.929 millones de pesos del contrato a los tres concejales y al entonces director de UMV.
Cabe anotar que el carrusel de la contratación es un entramado de corrupción muy grande que afectó a Bogotá y de que participaron varios empresarios y políticos del país. En la lista están, además de Jaramillo, Juan Rodríguez Rico, Álvaro Dávila Peña y los contratistas Julio Gómez, Emilio Tapia, el entonces alcalde de Bogotá, Samuel Moreno Rojas y su hermano, el exsenador Iván Moreno, así como el denominado grupo Nule. Ellos desfalcaron las finanzas del Distrito Capital entre noviembre y diciembre de 2007, hasta junio del año 2010.
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