El alcalde de Bucaramanga, Juan Carlos Cárdenas Rey, fue quien confirmó la aprobación, que se suma a la compra de predios a finales de noviembre del año pasado, precisamente, de unos terrenos donde nace el Río Suratá. Con esto serían en total 1000 hectáreas que ya son propiedad de la administración, a los cuales no se les pueden hacer intervenciones mineras y que a su vez protege la “fabrica” de agua de la ciudad y su área metropolitana.
“¡GANAMOS BUMANGUESES! Ya están aprobados los recursos para comprar más predios en el Páramo de Santurbán y seguir protegiéndolo de la megaminería; llegaremos a 1.000 hectáreas. Defendemos el agua y la vida. En Bucaramanga y Colombia están pasando cosas buenas. Ganamos 1.000 hectáreas más para la vida, para defender el planeta y seguir cuidando nuestros páramos. Reafirmamos nuestro compromiso ético por la defensa de Santurbán. Le cumplimos a la ciudadanía. Los concejales votaron de forma unánime para proteger el agua de los colombianos”.
La decisión tomada de manera unánime en el concejo se suma a la de noviembre del año pasado y a otra adelantada en febrero de este año, donde se aprobó la financiación de 500 hectáreas, que costaron alrededor de 4 mil millones de pesos y que pretende seguir expandiéndose a finales del 2023.
El dinero que sale a partir de los impuestos, pretende realizar también un mantenimiento en el ecosistema, pero, hacen falta algunas otras acciones para lograr la protección completa del páramo, por ejemplo, la delimitación de Santurbán.
Precisamente el alcalde Cárdenas había solicitado que se suspendiera este proceso hasta que no se haga una convocatoria pública, donde se involucre a la ciudadanía en general. La solicitud fue aprobada por el juez segundo de familia de Bucaramanga, Rito Antonio Calderón.
Una de las empresas que más ha pretendido hacer proyectos mineros en el páramo es la multinacional canadiense Aris Gold, la cual le compró el 20 % del proyecto soto norte a la Sociedad Minera de Santander, Minesa, que también es propietaria de una mina en Marmato, municipio del departamento de Caldas.
Desde el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz, INDEPAZ, encontraron que las pretensiones de dichas compañías es explotar oro, plata y cobre, para eso realizarían una intervención en 167 hectáreas del parque, esto contemplado en el contrato de concesión 095 - 68. Este mismo, que tendría una vigencia de casi 30 años, tras el abandono y cierre de la mina sería rellenado con una especie de concreto, lo que significaría la pérdida total de la flora y la fauna de la zona intervenida.
De hecho, la firma Aris Gold al momento de adquirir parte del proyecto Soto Norte, expuso en un comunicado la intención de la explotación, además de pretender adquirir hasta el 50 % del proyecto:
“El proyecto de oro de Soto Norte es uno de los proyectos en etapa de factibilidad más grandes del mundo con reservas minerales importantes y bajos costos operativos (...) Adquirir participaciones en depósitos a gran escala con bajo riesgo técnico es el movimiento correcto para Aris Gold. Así es como se construyen las empresas mineras de oro exitosas”.
En la revista Encuentros de INDEPAZ explicaron los alcances que pueden tener estas intervenciones:
“En total, la compañía identificó 32 tipos de impactos en las tres dimensiones (abiótica, biótica y socioeconómica), de los cuales 26, es decir, el 81% son negativos. Es decir, se trata de ejecutar un proyecto minero que deja más impactos negativos que positivos, sin mencionar que algunos de los negativos son irreversibles y a perpetuidad”,
Para frenar este y cualquier proyecto de explotación minera, el Consejo de Estado admitió el pasado 4 de mayo una tutela en contra del Tribunal Administrativo de Santander, donde se le recusa a la entidad por desestimar una acción de tutela que pretendía detener un proyecto de megaminería en el Páramo de Santurbán.
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