Senadores y representantes conciliarán proyecto sobre justicia penal virtual

La plenaria del Senado de Colombia aprobó este 31 de mayo la reforma a la justicia virtual. Con esta medida, el país está un paso más cerca a lograr que la justicia penal virtual sea una realidad. Esto, según los ponentes del proyecto, ayudaría a descongestionar y agilizar los procesos judiciales, flexibilizar la atención de los usuarios para que puedan radicar, diligenciar o tener audiencias por medios digitales para que no tengan que desplazarse físicamente a los juzgados.

A pesar de que el Senado dio vía libre para que los procesos sigan efectuándose vía digital, la Cámara de Representantes aprobó, 97 votos a favor y 20 en contra, que la justicia penal vuelva a la presencialidad desde el 1 de julio.

Hay que recordar que la justicia virtual se avaló a través del decreto 806 de 2020, en el marco de la pandemia y las medidas de prevención de la propagación del covid-19. Para mantener esta modalidad que ha mejorado el servicio, se presentaron varias iniciativas de origen parlamentario, de Gobierno y la rama judicial ante el Congreso. Este último no incluyó la justicia virtual a los casos penales.

Para varios sectores de la rama judicial, este proyecto es indispensable. Por ejemplo, para Fernando Castillo, magistrado de la Sala Laboral de la Corte Suprema, “la iniciativa es muy importante para lograr la continuidad de todos los procesos que se generaron en la pandemia, pero ayuda a que la rama judicial se actualice”.

Por su parte, los jueces penales de Bogotá hicieron un llamado al Congreso de la República desde el pasado 2 de mayo para que, en todas las especialidades y jurisdicciones, prevalezca la virtualidad y el uso de las TIC.

“Se han dictado más sentencias, son más el número de audiencias que se realizan, y el ahorro en recursos económicos tanto del Consejo Superior de la Judicatura como de las demás entidades involucradas en el proceso penal es indiscutible, a lo que se suma el consenso en los usuarios del sistema en torno a la mejora en el acceso al servicio gracias al uso de teleconferencias y mensajes de datos”, señalaron a través del comunicado.

Solo en el Senado de la República hay tres iniciativas para que se establezca de manera permanente el Decreto 806 de 2020. Estas son impulsadas por Germán Varón, María Fernanda Cabal y Angélica Lozano.

El 3 de junio se vence la vigencia de ese decreto, por lo que se prevé que de llegar a derogarse habría que dar un vuelco a la presencialidad de los procesos judiciales, lo que podría afectar el avance. Además, porque actualmente, según los jueces penales de Bogotá, las herramientas TIC han ayudado a mejorar la calidad del sistema y acercarse al ciudadano.

La senadora Lozano sostiene que la Corte Constitucional pasó de una tasa de productividad anual del 89 % antes de la virtualidad, a un 110 %; la Corte Suprema de Justicia pasó del 85 al 87 %; el Consejo de Estado pasó de una productividad anual del 83 al 120 % y el Consejo Superior de la Judicatura pasó del 84 al 97 % en su tasa de productividad.

Además, el abogado Francisco Bernate aseguró en ese evento que el número efectivo de audiencias en la jurisdicción ordinaria, en especialidad penal, aumentó en un 250 % durante la virtualidad, porque permitió superar la disponibilidad de salas físicas, además, que en un mismo día se realizaran audiencias en diferentes lugares del país.

Los jueces aseguran que están adelantando el proceso de digitalización de expedientes judiciales como lo ordenó el Consejo Superior de la Judicatura, lo que permitirá adelantar una modernización del sistema y mejorar el uso de las tecnologías de la información.

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