Procuraduría insiste en que suspensión provisional de Daniel Quintero no vulnera sus derechos políticos

Recientemente, la Corte Interamericana de Derechos Humanos pidió al Gobierno de Colombia que entregue más información sobre la reciente suspención del alcalde de Medellín, Daniel Quintero, la cual se realizó el pasado 10 de mayo por su presunta participación en política en medio del desarrollo de la campaña para las elecciones presidenciales. Esto luego de que el mismo alcalde y su abogado solicitaran que se desestimara la decisión de la Procuraduría.

En la demanda presentada por Quintero ante el Consejo de Estado solicitan que se le quite la facultad a la Procuraduría de suspender funcionarios electos y que se revise si se puede aplicar la Convención Americana de Derechos Humanos frente a la protección de los derechos políticos. Es por esto mismo que el caso llegó hasta la CIDH y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, para revisar si al mandatario elegido en la ciudad se le vulneraron sus derechos.

Ante esto, desde el Ministerio Público se manifestaron asegurando que al alcalde Quintero no se le han vulnerado sus derechos políticos y que la suspensión tampoco va en contra de lo dispuesto por la corte internacional. Desde la Procuraduría recordaron que al mandatario paisa se le hizo una suspensión provisional, lo que no implica una sanción definitiva ni es equiparable con una destitución del cargo.

Según la entidad, la suspención provisional “no es una sanción, como sí lo es la destitución e inhabilitación” y agregaron que tampoco “se asimila, a una figura de naturaleza sancionatoria, sino que, por el contrario, se trata de un mecanismo de carácter preventivo”.

Hay que recordar que Quintero radicó o se reunió con miembros de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Washington (Estados Unidos) el pasado 23 de mayo. En el encuentro radicó dos denuncias: una en la que señala que su destitución es un hecho, pues presuntamente la Procuraduría General así lo ordenó, y otra por amenazas contra su vida y la de su familia.

Ante la solicitud de una explicación por parte de la CIDH por lo que ante ellos se denunció como una destitución, desde el Gobierno nacional señalaron que ya están preparando una respuesta para la organización al respecto del caso del alcalde Quintero. Así lo informó la vicepresidenta y canciller Marta Lucía Ramírez.

“La CIDH ha hecho una solicitud de información que vamos a transmitirles a ellos, obviamente, antes de que se venza el próximo domingo 5 de junio de 2022. Estamos trabajando justamente en esa respuesta”, señaló la canciller e insistió en que la labor del órgano de control es necesaria porque los funcionarios no solo pueden ser juzgados por actos penales, sino también por faltas disciplinarias graves como sería en este caso.

Anotó que en el caso de la Procuraduría, “debe poder investigar a cualquier funcionario, en cualquier momento, de tal manera que daremos esa respuesta antes del domingo”. Por su parte, la CIDH señaló que la petición de información se argumenta con el objetivo de acceder a datos adicionales y poder estudiar las medidas cautelares solicitadas por Daniel Quintero para volver al cargo como alcalde de la capital antioqueña.

Entre la información que solicitó la CIDH está entregar un informe actualizado respecto del estado procesal, tanto de la indagación disciplinaria, como de la acción de tutela interpuesta a favor de Quintero. Se deberá anexar el soporte documental correspondiente y precisar el marco normativo interno aplicable.

Así mismo, la CIDH pidió “brindar información individual y detallada de la situación de riesgo” que viven Quintero y su familia. En particular, se pidió, mediante un relato detallado, cronológico e individualizado, señalar las circunstancias de tiempo, modo, lugar y autoría de los eventos de riesgo a los que ha estado expuesto el mandatario a partir de febrero de 2022.

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