Procuraduría destituyó e inhabilitó a la exgobernadora de San Andrés y Providencia por ocho años

Este miércoles 1 de junio, la Procuraduría General de la Nación destituyó e inhabilitó por ocho años a la exgobernadora del archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina Aury Socorro Guerrero Bowie, quien desempeñó su cargo entre 2012 y 2015, por no haber contratado una interventoría en un convenio celebrado con en Instituto Prestador de Salud (IPS) Universidad de Antioquia.

El Ministerio Público evidenció que la exmandataria no llevó a cabo de manera oportuna los procesos de contratación o designación de una interventoría técnica, administrativa y financiera del Contrato 540 de 2012 con la IPS con el que se acordaba la “operación asistencial y logística de la red pública hospitalaria del departamento de San Andrés, Providencia y Santa Catalina”.

“En consecuencia, la exfuncionaria permitió que este negocio jurídico estuviera sin vigilancia, control y seguimiento entre agosto y octubre de 2012, todo el año 2013 y gran parte de los años 2014 y 2015″, aseveró el órgano de control frente a la conducta de Guerrero Bowie durante su mandato.

A su vez, el Ministerio Público indicó que esta sanción también cobijaba a los exsecretarios de salud de archipiélago, quienes habían sido suspendidos de su cargo por el término de entre uno y dos meses, Gonzalo Eduardo Martínez Pérez (2012-2013) y Miguel Alfredo May Salcedo (2013-2016), señalando que durante su tiempo en el cargo no adelantaron el proceso de contratación de esta interventoría.

En ese sentido, indicó que las faltas disciplinarias fueron calificadas como gravísimas a título de culpa gravísima, en el caso de la exgobernadora, y graves a título de culpa grave en el caso de los dos exfuncionarios, “quienes por no estar en sus cargos deberán pagar el monto equivalente al término de la sanción en salarios mínimos de acuerdo con lo devengado en la época de los hechos”.

“Contra esta decisión procede el recurso de apelación ante la Sala Disciplinaria de Juzgamiento de Servidores Públicos de Elección Popular del órgano de control”, concluyó la Procuraduría, sin embargo, este no sería el único caso en el que estaría implicada la exgonernadora, debido a que el Ministerio Público evidenció presuntas irregularidades en la contratación de la construcción de una vía en San Andrés y un megacolegio..

A su vez, constató que el contrato para la construcción y dotación de un megacolegio en el sector de San Luis fue celebrado “sin que se hubieran elaborado los diseños previos correspondientes”. Según la Procuraduría, esto era considerado necesario para dar inicio a las obras civiles.

“De acuerdo con la investigación disciplinaria, al parecer, la propuesta seleccionada no cumplía los requisitos de experiencia exigidos en la convocatoria pública, y de las dos certificaciones que fueron presentadas por la unión temporal contratada, solo una se ajustaba a los requerimientos. La licitación tenía asignado un presupuesto de $ 169 millones de pesos para la elaboración de las piezas, las cuales serían ubicadas en diferentes puntos de buceo”, indicó en ese momento el Ministerio Público.

Asimismo, la Fiscalía General de la Nación confirmó una condena en 2019 contra los exgobernadores Aury Socorro Guerrero y Ronald Housni, quienes en esa oportunidad aceptaron cargos, con lo que debían purgar 14 y 15 años de prisión, respectivamente, por presuntos casos de corrupción.

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