Fue revelado que el día de hoy la Jurisdicción Especial para la Paz cerró las mediadas de protección que tenía sobre el Cementerio Central de Neiva, la restricción se había dado luego conocerse el proyecto de traslado del camposanto, según se informó en primera instancia un aproximado de 300 cuerpos sin identificar estarían presuntamente allí.
Según indicaron magistrados del Tribunal de Paz, el proyecto a largo plazo tiene viabilidad, además de resaltar que los restos humanos no identificados solo pueden ser manipulados por orden judicial. También resaltaron que organizaciones de víctimas e instituciones estatales han llegado a acuerdos referentes al traslado.
“Los cadáveres en condición de no identificados, únicamente pueden ser exhumados bajo orden judicial, del contrario, serán conservados en su lugar de inhumación, con el fin de ser fácilmente ubicados en el caso de identificaciones positivas, estudios posteriores y entrega a familiares”, indicó el documento de la JEP publicado por La W.
Los jueces señalaron que en el proceso de traslado no se genera riesgo para los cuerpos, pero si se llegase a presentar alguna anomalía o situación que pueda generar un peligro para los restos humanos inmediatamente se volverá a tomar la medida cautelar adoptada desde un principio.
“Si eventualmente la mesa de trabajo se inactiva sin que se llegue a lograr el objetivo de su creación, se incumplieran los acuerdos que fueron informados a esta Jurisdicción o se presentase alguna circunstancia de gravedad y urgencia, se advierte desde ya que en pro de los derechos de las víctimas de desaparición forzada o de muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate, de oficio o a petición de parte, podría reabrirse el presente trámite”, indicaron en el texto los magistrados. Por último señalaron que sí en las obras llegasen a poner en riesgo los cuerpos de las personas no identificadas se deben comunicar inmediatamente con Medicina Legal, a la Unidad de Búsqueda y obviamente a la Jurisdicción Especial para la Paz.
Sobre más información del Tribunal de Paz, la Comisión Colombiana de Juristas (CCJ), que aglutina a un grupo de víctimas, presentó y socializó, hoy 26 mayo, ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), el informe El enemigo interno: deshumanización e impunidad contra personas defensoras de derechos humanos, que presenta los casos de siete defensores que fueron asesinados entre 1987 y 2000, además del homicidio de Jaime Garzón y la desaparición de tres ciudadanos.
En el informe, que aclararon desde la CCJ es de carácter privado, la organización pudo determinar la existencia de una estructura criminal conformada por organismos de inteligencia del Estado y estructuras paramilitares para la planeación, ejecución y encubrimiento de asesinatos y desapariciones de líderes y lideresas defensoras de los derechos humanos en Colombia.
Entre los casos que reseña el informe, y sobre los que se pudo documentar la participación de agentes del Estado, están los homicidios de Julio César Peñaloza, Luis Felipe Vélez, Mario Calderón, Elsa Alvarado, Carlos Alvarado, Jesús María Valle, Jaime Garzón, y en las desapariciones forzadas de Alirio de Jesús Pedraza, Ángel Quintero y Claudia Monsalve.
Al respecto, en el documento, según lo cita Blu Radio, se puede leer que, “El DAS el Gaula urbano de Medellín y las oficinas de inteligencia de las Brigadas IV y XIII del Ejército, con algunas variaciones de forma, estuvieron implicados en los siete casos analizados”.
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