CIDH pide al Gobierno colombiano ampliar información sobre la destitución del alcalde de Medellín, Daniel Quintero

A través de una carta de dos páginas, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) pidió al Gobierno de Colombia que entregue más información sobre la reciente destitución del alcalde de Medellín, Daniel Quintero. En la misiva, se argumenta que el objetivo de acceder a datos adicionales es poder estudiar las medidas cautelares solicitadas por Daniel Quintero para volver al cargo como alcalde de la capital antioqueña.

Entre la información que solicitó la CIDH está entregar un informe actualizado respecto del estado procesal, tanto de la indagación disciplinaria, como de la acción de tutela interpuesta a favor de Quintero. Se deberá anexar el soporte documental correspondiente y precisar el marco normativo interno aplicable.

Así mismo, la CIDH pidió “brindar información individual y detallada de la situación de riesgo” que viven Quintero y su familia. En particular, se pidió, mediante un relato detallado, cronológico e individualizado, señalar las circunstancias de tiempo, modo, lugar y autoría de los eventos de riesgo a los que ha estado expuesto el mandatario a partir de febrero de 2022. De ser posible, también se pidió aportar el correspondiente soporte documental como audios, fotografías, capturas de pantalla, documentos, panfletos, etc.

Por último, la Comisión solicitó conocer si Quintero ya había denunciado los hechos alegados a las autoridades y saber si había solicitado medidas de protección a nivel interno. De ser el caso, aportar el respectivo soporte documental. También, se deberá informar “de manera precisa” sobre la conformación del esquema de protección, así como detallar la efectividad e idoneidad de este.

Se destaca que la carta está dirigida directamente a la vicepresidenta y canciller Marta Lucía Ramírez. Ella deberá gestionar y responder a los requerimientos en un plazo máximo de 10 días hábiles.

Hay que recordar que Quintero radicó o se reunió con miembros de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Washington (Estados Unidos) el pasado 23 de mayo. En el encuentro radicó dos denuncias: una en la que señala que su destitución es un hecho, pues presuntamente la Procuraduría General así lo ordenó, y otra por amenazas contra su vida y la de su familia.

Quintero pidió que se le mantenga el esquema de seguridad mientras sigue suspendido del cargo. Así mismo, ratificó que hacerle seguimiento a este proceso garantizará que se respete el derecho de elección de los medellinenses que lo eligieron como alcalde en 2019.

Cabe anotar que en ese entonces, la CIDH le indicó a Quintero que actualmente no se están otorgando medidas cautelares en términos de derechos políticos, a menos que esté en riesgo la vida de quien lo solicita. Sin embargo, esto sigue en estudio.

Hay que recordar que además de Quintero, el Instituto Anticorrupción, el Extituto de Política Abierta y la Fundación para la Paz y Reconciliación (Pares Colombia) también se pronunció acerca del caso. Le solicitó a la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia que se investigue y suspenda provisionalmente a Margarita Cabello Blanco, procuradora general de la nación, por la atribución que se tomó la entidad liderada por ella al imponer la sanción contra Quintero.

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