Las polémicas que envuelven la vida pública de Gustavo Petro, el candidato del Pacto Histórico

Tanto a Gustavo Petro como a Federico Gutiérrez, los hoy contendientes para la segunda presidencial, les recuerdan permanentemente su paso por las alcaldías de Bogotá y Medellín, debido a que fue el último cargo en el que administraron recursos públicos y su principal experiencia de gobierno.

Estas son las principales polémicas que protagonizó el hoy candidato presidencial por el Pacto Histórico durante su administración local.

El sistema de transporte público masivo de Bogotá fue uno de los principales temas de la campaña de Gustavo Petro en 2011. La ciudad venía del denominado ‘Carrusel de la contratación’ denunciado por él y Carlos Fernando Galán, que retrasó la construcción de la troncal de la Calle 26 de TransMilenio. Además, el entonces candidato progresista era el principal crítico de ese sistema, que para entonces cumplía su primera década y ya generaba el descontento de los usuarios.

Entre 2013 y 2014 los contratos de las fases I y II terminaban, no por fecha, sino porque los entonces 1.303 articulados cumplirían los 850.000 kilómetros andados. En ese contexto, se esperaba que la llegada de Petro, como crítico del sistema, tuviera la oportunidad de renegociar los contratos. El concejal Celio Nieves expresó entonces que era la oportunidad de buscar una nueva flota más cómoda, unos buses más modernos y una distribución más equitativa de las utilidades con la Alcaldía, pero eso no ocurrió.

En 2014, sin licitación, Petro decidió otorgar una prórroga de los contratos con los mismos operadores en la que lo único que logró fue una reducción de la tarifa técnica del 13 % y les permitió mantener los buses para que superaran el millón de kilómetros de ruta, sin condiciones para mejorar el servicio, es decir, ningún compromiso de su parte y sí recibieron a cambio dos billones de pesos por tres años.

A mediados de ese año, la Contraloría Distrital alertó que no se había iniciado la estructuración de la licitación para 2016, hasta cuando habían sido extendidos los contratos, y eso llevaría a una nueva prórroga para los contratos más viejos del sistema que llevaban ya 13 años de vigencia.

En 2016, Enrique Peñalosa prorrogó una vez más los contratos de los operadores de fase I, según dijo, porque en la alcaldía anterior no se había iniciado la licitación, es decir como consecuencia de esa advertencia. En 2018 uno de esos buses, con más de 1,2 millones de kilómetros, se incendió y fue el primer accidente con pasajeros lesionados desde que empezó a operar el sistema.

Un alcalde puede tomar la decisión de expedir el Plan de Ordenamiento Territorial en caso de que el Concejo de Bogotá no tome una decisión al respecto, como en el caso de la alcaldesa Claudia López en diciembre de 2021, tras cumplir el tiempo de 90 días de discusión. Sin embargo, en 2013 Petro se tomó esa atribución cuando el cabildo ya había determinado el futuro del plan.

El 7 de junio de 2013, en el periodo de extensión de las sesiones ordinarias, en la Comisión del Plan de Desarrollo del Concejo, la ponencia negativa al POT radicada por Miguel Uribe Turbay recibió nueve votos a favor y seis en contra, por lo que el proyecto no fue aprobado y debió ser archivado. El alcalde debía realizar modificaciones si quería que el cabildo se pronunciara y presentarlo nuevamente, pero en su lugar, el 27 de agosto, Petro expidió un decreto reglamentándolo.

Poco después, (2 de septiembre de 2013) por peticiones de los concejales, la Sala de Consulta del Consejo de Estado emitió un concepto en el que aseguró que con ponencia negativa en primer o segundo debate debía archivarse el POT. “Si el Concejo, en comisión o en plenaria, decide no aprobar el proyecto de acuerdo de una revisión o modificación del POT, el alcalde no puede adoptar el proyecto por decreto, pues estaría contrariando y desconociendo las facultades constitucionales y legales del Concejo, antes anotadas, para decidir la suerte de los proyectos de acuerdo”, señaló el alto tribunal.

Con ese concepto, aunque la Secretaría de Gobierno aseguró que no tenía efectos sobre la legalidad del POT, el Plan entró en un limbo jurídico que no se resolvió sino hasta abril de 2014, cuando el Consejo de Estado admitió una demanda de nulidad del decreto y como medida provisional suspendió los efectos de esa norma, que fue ratificada posteriormente y en 2019 se anuló por un juzgado administrativo.

La Procuraduría lo sancionó en 2016 con una inhabilidad por un año, por haber desconocido al Gobierno distrital “haciendo caso omiso y sin reparar en las advertencias hechas por diferentes intervinientes en el Concejo de Bogotá”, una falta que se consideró grave y a título de dolo. Hasta 2019, el Consejo de Estado anuló su proyecto.

Cuando Petro llegó a la Alcaldía de Bogotá, los contratos de aseo tenían problemas jurídicos. Mientras la UAESP adelantaba, desde el 2011, una licitación para la prestación del servicio público domiciliario de aseo en la capital, en sus componentes de recolección, barrido, limpieza de vías y áreas públicas, corte de césped, poda de árboles en áreas públicas y transporte de los residuos al sitio de disposición final; la Corte Constitucional ordenó suspenderla porque no se había establecido la inclusión de la población recicladora como lo había solicitado en varias sentencias previas.

Petro se encontró con esa situación a su llegada a la alcaldía y la tomó como la oportunidad para devolver el servicio de aseo a la administración de la capital, implementar su programa de cambio climático y ayudar a la población recicladora. Así las cosas, extendieron los contratos con los cuatro operadores privados, primero por seis meses y luego por tres, en medio de urgencia manifiesta. Primero para poder diseñar la nueva licitación y, segundo, porque una vez hecho lo anterior, faltaba un concepto de la Corporación Autónoma Regional para las tarifas de pago a los recicladores.

Se propuso diseñar entonces una empresa pública y así quitarle los contratos a los privados. La nueva entidad debía empezar a operar el 18 de diciembre de 2012, cuando se terminaba la segunda prórroga de los contratos con los que llevaban operando el (EEAB) servicio. Pero apenas tres meses antes, en octubre, la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá inició la compra de maquinaria y equipos, como la empresa que asumiría la función a través de Aguas de Bogotá.

Para diciembre, las cosas ya no iban bien. Petro tuvo que adoptar varios decretos para buscar garantizar el servicio de aseo y recolección a partir de la fecha límite, entre ellos uno expedido cuatro días antes para permitir que esa función la cumplieran volquetas y un estado de alerta amarilla. Tal era la situación que un día antes de que la EAAB debía empezar a operar en esas nuevas actividades, adicionó una cláusula para contratar operadores privados y declarar una urgencia manifiesta.

El resultado del ambicioso plan de “Bogotá Basura Cero” fue todo lo contrario a lo que se planteaba en cuanto a recolección. Desde el 18 y hasta el 21 de diciembre la ciudad se inundó de basura en varios sectores donde no fue posible llegar a recoger los residuos y tanto ciudadanía como autoridades de vigilancia y oposición denunciaron al alcalde.

Emilio Tapia, el famoso corrupto, estaba detrás de la licitación de las basuras en Bogotá y aseguró un año después al diario El Espectador que el caos había sido planeado como un complot. Los operadores que perderían el contrato de 2,4 billones de pesos por siete años ante la empresa pública de Petro plantearon, según el contratista, que no había ninguna flota de camiones que cumpliera la función y “la ciudad no aguanta tres días de basura. Con esto se tumba al alcalde”.

La iniciativa de Petro no tuvo éxito y el contrato fue entregado, un 52 % para la empresa creada por la alcaldía Aguas de Bogotá, y el resto en tres privados diferentes: Lime, Ciudad Limpia y Aseo Capital. Se contrató más de 3.500 personas de poblaciones vulnerables en la empresa pública de aseo y se incluyó a la población recicladora en el esquema con pago.

El alcalde Gustavo Petro tuvo más de 25 renuncias de funcionarios elegidos por él durante la alcaldía. Varios por “razones personales”, otros tantos en medio de polémicas y algunos con fuertes críticas a la administración distrital y su forma de gobierno.

Apenas un año después de iniciar su administración, ya 15 funcionarios habían abandonado el barco liderado por el ahora candidato a la presidencia. Se fue el gerente de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, Diego Bravo, por la polémicas de las basuras y una investigación en su contra; así como la secretaria de Movilidad porque la desautorizó numerosas veces. “Él es el alcalde”, explicaba Ana Luisa Flechas a la prensa en ese momento.

Daniel García Peña, director de relaciones internacionales del Distrito, fue uno de los más polémicos. En su carta le dijo: “Un déspota de izquierda, por ser de izquierda, no deja de ser déspota”. También dejó el cargo el secretario de Gobierno Antonio Navarro Wolf, quien decidió apartarse sin mayores explicaciones que las razones “estrictamente personales”.

Para finales de 2013 ya eran 23 los funcionarios que salieron y, según el concejal Javier Palacio, 96 cambios estructurales de gabinete. Las renuncias se habían hecho recurrentes y se hablaba de una crisis para coordinar el avance de los planes que había llevado la Alcaldía hasta entonces.

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