Con la firma de Rafael Ignacio Castillo Fortich, contralor distrital de Cartagena de Indias, se solicitó que se suspenda “de manera inmediata al señor William Jorge Dau Chamatt”, hasta que determinen el grado de responsabilidad en un presunto caso de detrimento patrimonial, por un contrato con el que se pretendía mitigar el impacto del COVID - 19.
La solicitud se hizo tras la denuncia de Álvaro Ganem Issa, quién manifestó encontrar irregularidades en los contratos que compraron y aplicaron las pruebas rápidas del coronavirus, al principio de la pandemia. Según el contralor distrital, el contrato en cuestión es: S.A-SUB–DADIS-UAC-047-2021, el cual habría generado un detrimento patrimonial por más de 1.000 millones de pesos.
Dentro de la resolución se le pide a la administración que destituya, también, a la directora del Departamento Administrativo Distrital de Salud, DADIS, Johana Bueno, quién estaría involucrada en estas presuntas irregularidades. Otro de los aspectos que tendría un mal manejo, el cual se agrega en el decreto, con la aplicación del Proyecto Ambiente Escolar Significativo, PRAES:
“De conformidad con los hechos descritos por la comisión auditora se cuantificó el presunto detrimento en las arcas distritales en cuantía de 1.098.862.800 pesos (...) En consecuencia, el señor Alcalde Mayor de Cartagena de Indias, fue quien suscribió como ordenador del gasto el contrato objeto del proceso de responsabilidad fiscal que se adelanta en esta dependencia, razones suficientes para considerar este despacho que usted contemple la posibilidad de aplicar la exigencia consagrada en el numeral 8° del artículo 268 de la constitución Política, en el sentido de suspender de su cargo al señor William Jorge Dau Chamatt (...) con ocasión al principio de verdad sabida y buena fe guardada, para evitar que la persona antes indicada puede eventualmente afectar, entorpecer y/u obstruir la investigación fiscal que se adelanta o para evitar que continúe presuntamente comprometiendo o poniendo en riesgo aún más los recurso del Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de Indias”.
De hecho, la Contraloría Distrital ya le había imputado cargos al alcalde por otro caso de responsabilidad fiscal, por 1.074 millones de pesos y otros dos de sus funcionarios. Al parecer, habría presuntas irregularidades en gastos de representación no autorizados.
La directora del DADIS, Johana Bueno, en sus redes sociales calificó de paradójico e inaudito la decisión de la Contraloría:
“La Contraloría Distrital de Indias de una manera exprés y presuntamente arbitraria, solicita al alcalde William Dau, la suspensión del cargo de la Directora del DADIS Cartagena por que presuntamente se puso en riesgo el patrimonio del Distrito, al adquirir unas pruebas diagnósticas para COVID 19 en nuestro territorio, y fortalecer la vigilancia en la salud pública para salvaguardarla vida de todos los habitantes de la ciudad. Paradójico. Inaudito e injusto”.
El alcalde William Dau tampoco se quedó atrás y en su cuenta de Instagram subió una imagen donde asegura que la suspensión violaría la voluntad de los 114.000 cartageneros que votaron por él, por lo que no acepta la decisión del órgano de control y vigilancia: “La democracia se respeta. Un contralor elegido por seis concejales no puede invalidar la voluntad del pueblo. ¡Ya basta!”
Estos anuncios surgieron tras los pronunciamientos del alcalde sobre la restitución de la presidente del Concejo de la ciudad, Gloria Estrada, a quién le dijo que “quitara a su perro de encima” o tendría una “guerra”; se refería al contralor Rafael Ignacio Castillo Fortich.
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