Vicepresidencia exhorta a la JEP a abrir un macrocaso de delitos sexuales contra las mujeres

Desde el alto Gobierno pidieron a la JEP priorizar la apertura de un macrocaso por delitos de violencia sexual contra la libertad e integridad de las mujeres durante el conflicto.

La encargada de hacer este llamado fue la vicepresidenta y canciller, Marta Lucía Ramírez, que, en una carta de dos páginas dirigida al presidente de la Jurisdicción Especial para la Paz, Eduardo Cifuentes, enfatizó la importancia de que las víctimas del conflicto obtengan verdad, justicia y reparación, además de la sanción a los victimarios.

A reglón seguido, Ramírez enfatizó en que “en la historia reciente encontramos elementos muy valiosos que deben servir para tomar decisiones que prevengan y tengan un verdadero efecto disuasivo y reflexivo para evitar la repetición de hechos tan aberrantes como los que ha sufrido la nación colombiana durante tantos años”.

La funcionaria resaltó la necesidad de adoptar medidas para que este tipo de crímenes no se repitan indefinidamente en el territorio colombiano.

Finalmente, la también canciller ponderó las acciones que ha adelantado el Gobierno nacional para garantizar la equidad de la mujer deben estar, también, articuladas y contar “con el concurso de todas las instituciones, a prever hacia el futuro que no haya tolerancia alguna con la violación de los derechos de niñas, niños y mujeres; entre, otros, porque precisamente se ha evidenciado la necesidad urgente de lograr justicia en materia de violencia sexual, pues, la impunidad en esta materia abre el espacio a la repetición indefinida de esta infamia”.

A continuación se puede leer la carta en su totalidad:

Ante la Jurisdicción Especial para la Paz las víctimas del atentado terrorista al club El Nogal, en Bogotá, radicaron una acción de tutela arguyendo la falta de claridad sobre el futuro del caso, luego de que un fallo de primera instancia le ordenara a la JEP abrir un macrocaso sobre el atentado.

El tribunal de justicia transicional impugnó la decisión y a la fecha, las víctimas denuncian que no han sido notificadas, pese a haberlo solicitado, ni conocen si existe, o no, decisión sobre el recurso del tribunal de paz.

Según cita el texto de la tutela en Blu Radio, las víctimas argumentan que, “en el presente caso es posible apreciar una clara omisión por parte de la autoridad accionada, en los términos de la norma inmediatamente anterior, toda vez que esta ha omitido su deber de dar pronta respuesta de fondo a la petición elevada, configurando así una abierta vulneración al derecho de petición y al debido proceso”.

También señalan, según información de El Tiempo, se les ha vulnerado el derecho al debido proceso, pues ante sus solicitudes el tribunal de paz habría dejado vencer los términos. Pues vale recordar el plazo de 30 días hábiles que la Sección de Apelación de la JEP dio el pasado 9 de marzo para abrir nuevos macrocasos de la jurisdicción sobre los crímenes cometidos por las antiguas Farc-EP, por integrantes de la fuerza pública y otros agentes del Estado.

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