La absolución que había emitido en 2020 el juez 36 de circuito de conocimiento de Paloquemao en 2020 sobre exconcejal José Juan Rodríguez Rico porque, a su parecer, no se acreditó la participación del procesado en los delitos relacionados con el carrusel de la contratación en Bogotá, fue tumbada este 27 de mayo por el Tribunal Superior de Bogotá.
La autoridad judicial señaló que sí se puede acreditar la participación del procesado en irregularidades dentro de la fase III de TransMilenio. El magistrado que lleva el caso señaló durante la audiencia que la razón fundamental de la decisión es que en los interrogatorios preliminares muchos testigos omitieron el nombre del exconcejal y su relación con carrusel.
Pero al empezar a relacionar a Rodríguez Rico con el caso, se descubrió que el sindicado estaba buscando beneficios con esta contratación.
“José Juan Rodríguez Rico manipuló la administración pública de Bogotá a favor de sus intereses personales”, enfatizó el Tribunal. Según el magistrado, Rodríguez se benefició de la designación de Liliana Pardo como cabeza del Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) para manipular la contratación de la entidad. Se evidenció que “su contratación no se dio como algo sin un propósito”.
Incluso, se evidenció que la novia del hermano del exconcejal trabajaba en el IDU como asistente personal de la entonces directora Pardo. Para el tribunal, esto es una “muestra clara en el manejo del procesado en la contratación de la entidad”, sobre todo teniendo en cuenta que, según varios testigos de la Fiscalía, la trabajadora “hacía funciones nunca antes vistas” o necesitadas en la entidad.
Por lo anterior, el Tribunal Superior de Bogotá condenó a José Juan Rodríguez Rico por interés indebido de celebración de contrato en la licitación de la fase III de TransMilenio. Por este hecho, Rodríguez Rico podría pagar 7 años y 6 meses de prisión, una multa de 15.6 salarios mínimos legales vigentes y dos meses de inhabilidad para ejercer un cargo público.
Se indicó que Rodríguez podrá realizar una impugnación especial al fallo, pero su defensa está a la espera de que llegue el auto de la decisión.
En este caso, además del exconcejal, participaron Álvaro Dávila Peña y los contratistas Julio Gómez, Emilio Tapia, el entonces alcalde de Bogotá, Samuel Moreno Rojas y su hermano, el exsenador Iván Moreno, así como el denominado grupo Nule. Ellos desfalcaron las finanzas del Distrito Capital entre noviembre y diciembre de 2007, hasta junio del año 2010.
Este entramado de corrupción dejó un detrimento patrimonial para la capital de la República de 2,2 billones de pesos. Además, 400 millones de dólares desaparecieron y hubo una parálisis absoluta en la doble calzada Bogotá - Girardot, que solo se reactivó en 2014, luego de 10 años en obra, e incumplimientos en más de 50 contratos en la capital y otras ciudades de Colombia.
Por el caso, Dávila, quien sería el cerebro del carrusel, es responsable de los delitos de concierto para delinquir agravado, interés indebido en la celebración de contratos y cohecho propio en el entramado de corrupción denominado carrusel de la contratación. Actualmente está condenado. En febrero de este año su defensa buscó su libertad condicional, pero el Tribunal de Bogotá solo le concedió detención domiciliaria.
SEGUIR LEYENDO:
Más Noticias
Corte de luz en Bogotá para hoy, miércoles 10 de julio de 2024
Conozca los cortes de luz en Bogotá para hoy, jueves 4 de julio de 2024
Estos son los corte de luz en Bogotá para hoy, miércoles 22 de mayo de 2024
Estos son los corte de luz en Bogotá para hoy, sábado 11 de mayo de 2024
Así fue el asesinato, a manos de los ‘paras’, del papá de Rigoberto Urán
