Agentes estatales y paramilitares, la alianza denunciada en la JEP que determinó los crímenes de Jaime Garzón y defensores de DD. HH.

La Comisión Colombiana de Juristas (CCJ), que aglutina a un grupo de víctimas, presentó y socializó, hoy 26 mayo, ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), el informe El enemigo interno: deshumanización e impunidad contra personas defensoras de derechos humanos, que presenta los casos de siete defensores que fueron asesinados entre 1987 y 2000, además del homicidio de Jaime Garzón y la desaparición de tres ciudadanos.

En el informe, que aclararon desde la CCJ es de carácter privado, la organización pudo determinar la existencia de una estructura criminal conformada por organismos de inteligencia del Estado y estructuras paramilitares para la planeación, ejecución y encubrimiento de asesinatos y desapariciones de líderes y lideresas defensoras de los derechos humanos en Colombia.

Entre los casos que reseña el informe, y sobre los que se pudo documentar la participación de agentes del Estado, están los homicidios de Julio César Peñaloza, Luis Felipe Vélez, Mario Calderón, Elsa Alvarado, Carlos Alvarado, Jesús María Valle, Jaime Garzón, y en las desapariciones forzadas de Alirio de Jesús Pedraza, Ángel Quintero y Claudia Monsalve.

Al respecto, en el documento, según lo cita Blu Radio, se puede leer que, “El DAS el Gaula urbano de Medellín y las oficinas de inteligencia de las Brigadas IV y XIII del Ejército, con algunas variaciones de forma, estuvieron implicados en los siete casos analizados”.

Sobre la participación de los paramilitares en el informe se puede leer que estas estructuras estaban “dirigidas por los organismos de inteligencia y bajo las lógicas de la doctrina militar del enemigo interno ejercieron el rol de perpetradores de la violencia contra defensores de derechos humanos y líderes sociales”.

Así mismo, buscan que la JEP priorice estos hechos en el macrocaso de concentración de crímenes de integrantes de la fuerza pública, en vínculo con otros agentes del Estado, terceros civiles y paramilitares.

Vale recordar que para este nuevo macrocaso de JEP, que fue anunciado a principios de 2022, se identificó que en los lugares en los que hubo una mayor concentración de crímenes fueron Antioquia, Magdalena medio, Cesar, Montes de María y Guaviare.

“Esto no es ninguna imputación, son datos que se extraen y que serán objeto de contrastación. Hablamos de más de 43.000 hechos victimizantes de la fuerza pública entre 1985 y 2010, de estos 10.368 con paramilitares. Entre 1994 y 2006, se reporta el registro más alto de hechos victimizantes. El desplazamiento forzado es el hecho delictivo que tiene mayor volumen en esta materia. Le sigue homicidios, desaparición forzada y los llamados falsos positivos”, aclaró en su momento el magistrado Eduardo Cifuentes, presidente de la JEP.

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