La minería ilegal es uno de los mayores problemas que enfrentan habitantes de diferentes zonas del país en las que sus territorios son apetecidos para la explotación del crudo. En California, municipio de Santander, desde hace varias semnas se viene denunciando, por parte de la comunidad, la intervención del suelo para ejercer este delito y en el cual han señalado a la alcaldesa de hacer parte.
Genny Gamboa es la mandataria local y, recientemente, reconoció que permite la minería ilegal en el territorio porque es base de la economía del municipio. Ante el reclamo de líderes ambientales, la Procuraduría General de la Nación decidió abrir una investigación en contra de la funcionaria por presuntas omisiones.
La alerta inició a través de la veeduría Ciudadanía Activa Santandereana, desde donde se advirtió que el agua potable de todo el departamento estaba en riesgo por la contaminación de la quebrada La Baja y del río Suratá a raíz de la minería ilegal que se estaba ejerciendo en el municipio de California. “En este caso específico, de la contaminación por mercurio que es producto de la minería ilegal, esas aguas llegan con trazas superiores en el 4.900 % sobre la medida establecida por las autoridades ambientales y mineras del país”, señaló Ramiro Vásquez, vocero de la veeduría.
En primera medida, el líder ambiental acudió a las autoridades locales, es decir, a la Alcaldía, señalando que “no están ejerciendo control, en especial la alcaldesa de California, Genny Gamboa, que es la primera autoridad en ese lugar para controlar la minería ilegal”. Sin embargo, semanas después Vásquez seguía denunciando la situación y agregaba que desde la administración municipal estaban haciendo caso omiso de su denuncia.
Con el tiempo se supo que, la razón por la que el ambientalista no obtuvo respuesta es porque la misma mandataria es la que está permitiendo que se haga minería en el municipio. Tras recibir cada vez más quejas, la alcaldesa Gamboa aseguró que, a través de la minería, el municipio de California ha sustentado su economía desde hace más de 100 años, razón por la que la calificó de “economía ancestral” y soliticitó que se permita continuar con ella.
“Soy consciente de la difícil problemática social, desde que soy alcaldesa me comprometí a buscar una solución, hago un llamado enfático al Gobierno Nacional para que nos conceda una zona para que pueda desarrollarse esta economía ancestral, formalizada, cumpliendo con los estándares sociales. Ustedes tienen la solución en las manos, lo otro es que no les interesa”, señaló la mujer.
Gamboa agregó que, a pesar de permitir estos espacios en el territorio, eso no quiere decir que ella vaya a permitir que se acceda a permisos para que se haga la gran minería, pues considera que esto sí afectaría gravemente el agua del municipio y del área metropolitana de Bucaramanga. Sobre la investigación que abrió en su contra el Ministerio Público djo que hay poderes y presiones detrás de la denuncia.
Por su parte, la Procuraduría busca comprobar la participación de la alcaldesa al permitir la minería ilegal en el territorio y establecer si cometió posibles faltas disciplinarias. Los ambientalistas del municipio señalan que la mandataria, aparentemente, tiene conocimiento de las actividades ilícitas desde el año 2020 y no ha dicho nada al respecto.
Lo que sí ha podido señalar el Ministerio Público es que Genny Gamboa no ha tomado las medidas necesarias para contrarrestar esta acción ilegales en el municipio en el que ella gobierna y que, al tiempo, ha incumplido con los deberes funcionales que le corresponden como primera autoridad policial.
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