La orden emitida por el tribunal le pide a la Policía Metropolitana de Bogotá que le entreguen a Diego Cancino los nombres y cargos de los uniformados de los Centros de Atención Inmediata, CAI, y estaciones de policía donde se denunciaron casos de procedimientos indebidos y abusos por parte de las autoridades, información sobre las intervenciones del Escuadrón Móvil Antidisturbios, ESMAD, quienes eran los integrantes de la línea de mando en el marco de las manifestaciones del paro nacional del 2021, entre otros puntos, en total 16.
“Negar información, y negar información de manera intencionada, es una práctica autoritaria; no garantiza transparencia, no profundiza la democracia, y si intensifica la impunidad. La Policía de manera intencionada, voluntaria, expresa, nos negó información sobre lo que pasó en el paro; nos dijo que no era competencia nuestra, que no nos metiéramos, que era un asunto de ellos, secreto, eso no garantiza democracia. Es responsabilidad mía como concejal pedir debate de control político, señores policías, sus acciones deben ser ejemplo de transparencia, deben ser admirables, así no es señores policías; la información es pública tiene que brindarse la ciudadanía de manera transparente. Negar información es un hecho absolutamente autoritario, por eso es necesario una reforma popular a la Policía para que no tengamos que volver a demandar, que nos tengan que dar la razón, que perdamos tiempo y que ustedes tengan expresiones autoritarias”,
aseguró el cabildante en su cuenta de Twitter, que celebró la decisión del juzgado.
En los apartados del fallo que publicó el concejal de la Alianza Verde se puede ver que el juzgado avaló su petición por que determinó que se negó la información de manera intencional, además que rechaza lo argumentado por el representante de la Policía contestándole que si es competencia del Concejo ejercer las labores del control político, agregando que cualquier ciudadano puede y debe recibir la información que se les solicite.
La petición radicada por Cancino, firmada por el Concejo de Bogotá, dirigida al comandante de la Policía Nacional, general Jorge Luis Vargas, el 16 de marzo de este año, fue contestada por la institución el primero de abril, señalando que no se entregará la información ya que no hay razones que fundamenten esa solicitud.
El 5 de abril el corporado remitió nuevamente la petición, la cual se contestó el día 9 de ese mes, casi que con la misma respuesta, se añadió que no es competencia del Concejo realizar estos controles políticos, principalmente los que pretendan intervenir a otras entidades.
En la sentencia del juzgado, se le explica a la Policía que sus actuaciones en el marco del Paro Nacional tienen injerencia pública, por lo que no pueden negarse a suministrar la información solicitada por Cancino, por carecer de fundamento:
“dicha información no se encuentra sometida a reserva legal, constitucional o motivos de seguridad nacional, o que eventualmente puede ser aportada para una investigación de carácter penal, administrativa o disciplinaria, por ello no pierde tal naturaleza, máxime cuando se trata de hechos acaecidos en la ciudad de Bogotá y no en una zona que pueda considerarse con graves problemas de orden público, por lo que es procedente la tutela para la protección del derecho a la información pública”.
Según lo publicado por el concejal, la Policía deberá suministrarle la información en 48 horas, la cual permitirá seguir investigando, entre otros hechos, los que sucedieron en portales y estaciones de TransMilenio, además de entender quien o quienes emitieron las ordenes en esos días.
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